El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, solicitó este martes la convocatoria de una sesión del Consejo de Seguridad del Estado, integrado por las principales autoridades del país en esa materia, para recibir informes sobre la situación nacional antes de asumir el mando.
La convocatoria de este consejo está en manos todavía del presidente saliente,Guillermo Lasso, con quien Noboa se reunió este mismo martes por primera vez en el palacio presidencial de Carondelet para preparar la transición.
«He solicitado la convocatoria de un Consejo de Seguridad, acompañado de un informe sobre la situación del país y de las acciones llevadas a cabo por las autoridades de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El objetivo es comenzar a restituir la paz a las familias ecuatorianas«, anunció Noboa en redes sociales.
El electo presidente, que el domingo se impuso en la segunda vuelta de los comicios a la correísta Luisa González, asumirá el Gobierno de Ecuador en una crítica situación de seguridad, con cifras de récord en violencia y homicidios, atribuidos principalmente al crimen organizado y a las mafias del narcotráfico.
En los últimos cinco años el país ha pasado de registrar 5,8 a 25,62 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro, y según expertos el 2023 puede terminar en torno a los 40, lo que situaría a Ecuador entre los países más violentos de Latinoamérica.
El auge de la violencia ha ido en paralelo al incremento de poder del crimen organizado, que ha convertido a Ecuador en uno de los puntos neurálgicos del tráfico mundial de cocaína, especialmente en el eje costero del país.
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Noboa tendrá un corto mandato de menos de año y medio ya que deberá completar el periodo 2021-2025 que no culminará Lasso al haber aplicado en mayo pasado la llamada «muerte cruzada».
Con ese mecanismo constitucional, Lasso acortó su mandato y forzó las elecciones extraordinarias que ganó Noboa, a cambio de disolver la Asamblea Nacional cuando la oposición se disponía a votar su destitución como paso final de un juicio político en el que le acusaban de presunto peculado