Un militar de alto rango es la persona escogida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para asumir la dirección del sistema penitenciario nacional, una de las misiones más delicadas al encontrarse las cárceles en crisis, con más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres entre bandas rivales.
La dirección del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, la agencia penitenciaria de Ecuador, quedará en manos del general del Ejército ecuatoriano en situación de retiro Luis Zaldumbide, según el decreto emitido en ese sentido por Noboa este miércoles.
La semana pasada, Noboa habló de construir una nueva cárcel de máxima seguridad y otra de «súpermáxima» seguridad con los mismos diseñadores que han llevado a cabo centros similares en México y El Salvador, entre otros países.
Asimismo, insistió en su propuesta de campaña electoral de traer al país mientras tanto cárceles «barcaza» donde queden recluidos los líderes de las bandas criminales y los presos de mayor peligrosidad, de modo que queden incomunicados varias millas mar adentro.
El mandatario también abogó por no conceder ningún privilegio a los líderes criminales que siguen operando desde el interior de las prisiones y que cuentan con numerosas comodidades dentro de sus celdas, introducidas furtivamente.
En particular fijó el nudo del problema en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada del país, ubicada en portuaria ciudad de Guayaquil, donde los pabellones están repartidos entre diferentes bandas criminales que han causado las mayores masacres carcelarias.
En varias ocasiones la Policía y las Fuerzas Armadas han ingresado en los últimos meses en la Penitenciaría del Litoral para hacer una serie de requisas en las que hallaron un arsenal de guerra en manos de los presos, lo que incluía fusiles de asalto, granadas, lanzagranadas, chalecos antibalas, decenas de miles de balas y cientos de armas blancas.
El control interno que ejercen las bandas criminales en las prisiones de Ecuador llevó también a que en octubre fuesen presuntamente asesinados dentro de la Penitenciaría del Litoral seis colombianos procesados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras que un séptimo corrió la misma suerte en una cárcel de Quito.