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El presidente Daniel Noboa consiguió aprobar las seis preguntas que planteó para la consulta popular que implican reformas legales en materia penal y de seguridad pública, según el conteo rápidodel Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas tienen un futuro distinto a las otras cinco preguntas del referendo constitucional (A, B, C, D, E), que irán directamente al Registro Oficial una vez que se proclamen los resultados.
Mientras que las preguntas F, G, H, I, J y K, que recibieron entre el 64% y 71% de respaldos, deberán esperar su trámite en la Asamblea Nacional.
Se trata de las propuestas que buscan que:
- Los militares realicen controles permanentes de armas en las vías de ingreso a las cárceles.
- Se incrementen las penas en una decena de delitos.
- Los sentenciados por una docena de delitos completen toda su pena en prisión.
- La tenencia de armas de uso militar y policial sea un delito.
- Las fuerzas públicas puedan utilizar las armas confiscadas a los delincuentes.
- Los bienes de origen ilícito sean traspasados rápidamente al Estado.
Una vez que se oficialicen los resultados, el presidente Daniel Noboa tendrá cinco días para remitir los proyectos de las seis leyes en cada materia al Legislativo.
Solo entonces se conocerá el detalle de cada una de las propuestas que no fue planteado en los anexos de la consulta.
Y la Asamblea tendrá, a su vez, un plazo máximo de 60 días para debatirlos, aprobarlos y devolverlos al Ejecutivo para su veto o para su inmediato envío al Registro Oficial. Esto en medio de la agenda propia del Parlamento, que no solo cuenta con decenas de leyes en trámite, sino también procesos de fiscalización.
En el transcurso de esos dos meses, las discusiones dentro del Legislativo estarán marcadas por la obligatoriedad de aprobar lo decidido en la consulta.
Sin embargo, las fuerzas políticas tendrán la posibilidad de hacer ajustesen los planteamientos de estas leyes. E, incluso, podrán ratificarse en sus textos en caso de que el presidente Noboa los objete parcialmente.
Con estos pasos por delante, las reformas legales propuestas en la consulta popular podrían entrar en vigencia en un lapso de tres a cuatro meses.