lEl caso Goleada, uno de los procesos judiciales más seguidos del país, sufrió un nuevo giro. El juez Sebastián Cornejo, recientemente asignado a la causa, resolvió en la noche del domingo 23 de agosto anular por completo la audiencia preparatoria de juicio que se seguía contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y varios de sus familiares. La decisión llegó apenas horas después de que el mismo juez suspendiera la continuación de la diligencia que estaba prevista para el lunes.
Álvarez, quien permanece con prisión preventiva desde hace seis meses en el penal de Santa Elena, es procesado junto a sus hermanos, su esposa y su madre por un presunto esquema de lavado de activos. El proceso se tramita en la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, y ha estado marcado por una sucesión de tropiezos procesales.
Según explicó el juez Cornejo, su decisión se sustenta en el principio de inmediación judicial, que exige que sea el mismo juzgador quien escuche de manera directa a todas las partes involucradas para poder resolver con criterios de celeridad, transparencia e imparcialidad. Como la audiencia había sido instalada originalmente por otro magistrado, Jairo García —apartado del caso por «manifiesta negligencia»—, Cornejo consideró que continuarla sin haber presenciado las sesiones anteriores vulneraría los derechos de los procesados.
La audiencia preparatoria se había instalado el 3 de agosto y tuvo sesiones adicionales los días 5, 11 y 15 de ese mes, antes de quedar en manos del nuevo juez. Con la nulidad decretada, todo el proceso en esta etapa deberá reiniciarse: Cornejo ha anunciado que reorganizará su agenda para convocar nuevamente, desde cero, a todas las partes.
El dato que más preocupa a los seguidores del caso es el tiempo acumulado: la causa lleva ya 193 días —seis meses y doce días— estancada en esta misma fase procesal, sin que se haya podido avanzar hacia la etapa de juicio. Para los abogados de la defensa, la nulidad representa una nueva oportunidad de replantear argumentos; para la fiscalía, un retraso adicional en un caso que ya arrastra cuestionamientos por la lentitud del sistema judicial.
La alcaldía de Guayaquil ha continuado operando bajo la gestión de la vicealcaldesa mientras Álvarez sigue el proceso desde prisión, participando en las audiencias de forma telemática. El caso ha generado un intenso debate público sobre la politización de la justicia y la capacidad del sistema judicial ecuatoriano para resolver causas de alto perfil sin dilaciones excesivas.
Se espera que en los próximos días el despacho de Cornejo fije una nueva fecha para reiniciar la audiencia preparatoria, en lo que será ya el tercer intento formal de avanzar en esta etapa del proceso.