kLa seguridad de cara a las elecciones seccionales de 2027 ya está en marcha. El general Henry Tapia, delegado de la Policía Nacional ante el Consejo de Seguridad Electoral, confirmó hoy que 2.000 uniformados estarán dedicados específicamente a la protección de candidatos, dentro de un operativo nacional que en total moviliza a 57.000 policías en todo el país.
El dato adquiere una dimensión especial si se considera el tamaño de la contienda: 21.130 candidatos fueron calificados oficialmente —de más de 53.500 solicitudes presentadas— para disputar 5.742 cargos de elección popular, entre alcaldías, concejalías, prefecturas y juntas parroquiales, en un proceso que definirá autoridades locales para el período 2027-2031. La votación está fijada para el 29 de noviembre de 2026.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó 6.553.027 dólares específicamente para cubrir los costos operativos de la Policía durante este proceso, una cifra que refleja la magnitud del despliegue logístico necesario para garantizar elecciones seguras en todo el territorio nacional.
El protocolo de protección hace referencia explícita al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 como el punto de referencia que ha elevado los estándares de seguridad para los procesos electorales posteriores. Aquel episodio, uno de los más graves en la historia democrática reciente de Ecuador, marcó un antes y un después en la forma en que las autoridades diseñan los esquemas de protección para quienes participan en política.
Este refuerzo de seguridad llega en un contexto en el que el propio Gobierno reconoce la persistencia de desafíos vinculados al crimen organizado: en paralelo a este anuncio, el presidente Daniel Noboa decretó hoy un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones adicionales, junto con un tercer toque de queda nocturno del año, vigente de medianoche a 5:00 de la mañana entre el 17 y el 30 de septiembre. El ministro del Interior, John Reimberg, fue enfático: «El Estado no se detiene… No habrá territorios del crimen.»
Para el sistema electoral ecuatoriano, garantizar que miles de candidatos puedan hacer campaña con seguridad —sin que el miedo condicione quién decide participar en política— es un componente esencial de la salud democrática del país. El despliegue de 2.000 agentes dedicados exclusivamente a este objetivo representa un esfuerzo institucional concreto para que el proceso hacia noviembre se desarrolle con garantías, en momentos en que la seguridad sigue siendo la principal preocupación ciudadana en las encuestas de opinión pública ecuatorianas.