Una investigación internacional de más de dos años permitió desarticular una organización señalada por movilizar grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. La operación, denominada Mondragón, fue ejecutada por la Guardia Civil de España y la Policía Nacional del Ecuador, con coordinación de Europol, y dejó 44 personas detenidas entre ambos países, según la información difundida por Associated Press.
Las autoridades reportaron la incautación de más de 21 toneladas de cocaína. Los decomisos se realizaron durante diferentes intervenciones ejecutadas en 2024 en Brasil, Ecuador y España. Los cargamentos fueron detectados en contenedores que ingresaron o pretendían ingresar por los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.
De acuerdo con la investigación, la mayor parte de la droga salió desde Ecuador. La organización habría utilizado centros logísticos del país, principalmente el puerto de Guayaquil, para contaminar contenedores con cocaína antes de su envío. La droga era escondida entre productos legales para aprovechar el flujo habitual del comercio exterior.
La red investigada estaba dividida en tres ramas. La primera operaba en España y estaba integrada por ciudadanos españoles y marroquíes. Este grupo habría creado empresas y gestionado importaciones para dar apariencia de legalidad al movimiento de los contenedores. Además, se encargaba de recibir o buscar un destino para la carga comercial que servía como cobertura.
La segunda rama funcionaba en Ecuador. Desde el país se habría coordinado la introducción de la cocaína en las cargas que viajaban hacia Europa. Los investigadores sostienen que la estructura tenía acceso a puntos estratégicos de la cadena logística, lo que le permitía manipular contenedores y preparar los envíos antes de que salieran por vía marítima.
La tercera rama estaba asentada en Dubái y habría estado integrada por inversionistas de origen albanés. Su función era inyectar grandes cantidades de dinero a las empresas españolas vinculadas a la operación. Ese financiamiento permitía sostener la actividad comercial y justificar movimientos económicos.
La primera fase de gran escala se ejecutó en Ecuador en marzo de 2025. En ese momento, la Policía realizó alrededor de cincuenta allanamientos en distintos puntos del país y detuvo a 36 personas. Personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española participó integrado con los equipos ecuatorianos, lo que facilitó el intercambio de información y la conexión entre los decomisos registrados en varios países.
La fase española incluyó registros en La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz. Ocho personas fueron detenidas y las autoridades encontraron cerca de un millón de euros en efectivo durante los allanamientos realizados en la localidad de Arnedo, en La Rioja. También se bloquearon propiedades, vehículos y productos financieros que estarían vinculados con la organización.
El Ministerio del Interior de España informó oficialmente que la operación culminó con la incautación de 21 toneladas y habló de 43 personas, aunque en el mismo comunicado detalló 36 detenidos en Ecuador y ocho personas detenidas o investigadas en España. La suma de ese desglose es 44, cifra que también fue reportada por Associated Press. Esta diferencia deberá ser aclarada por las autoridades responsables del caso.
La investigación fue desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y unidades especializadas de la Policía Nacional del Ecuador. Europol coordinó el intercambio de información, mientras que en España el proceso está dirigido por la Fiscalía Especial Antidroga y la Audiencia Nacional.
El caso vuelve a poner bajo observación la seguridad de los puertos ecuatorianos. Guayaquil es uno de los principales puntos de salida de productos nacionales hacia Europa y otros mercados. Cuando una organización introduce droga en un contenedor legal, no solo compromete a sus integrantes: también genera riesgos para exportadores, navieras, operadores logísticos y trabajadores que pueden ser investigados o sometidos a controles más estrictos.
Las autoridades deberán establecer ahora el nivel de participación de cada sospechoso, determinar si las empresas actuaron deliberadamente o fueron infiltradas y seguir el rastro del dinero. Los investigados mantienen la presunción de inocencia.
La operación Mondragón muestra el carácter transnacional del narcotráfico: producción y logística en Sudamérica, empresas de fachada en Europa y financiamiento desde otros centros internacionales. El resultado deja una cifra contundente, más de 21 toneladas de cocaína retiradas del mercado, pero también confirma que combatir estas redes requiere cooperación policial, control portuario, inteligencia financiera y seguimiento simultáneo en varios países.