El Pleno de la Asamblea tramitó, este 20 de octubre de 2024, en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, la nueva iniciativa del Ejecutivo en materia energética, que fue enviada al Pleno como proyecto económico urgente.
Valentina Centeno (ADN), ponente del proyecto y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, comenzó su exposición con un resumen de los «incentivos» que ha hecho el Gobierno en el tema energético. Sin embargo, dijo que es necesario «abrir nuevos espacios para la inversión privada en materia energética».
Centeno dijo que la «verdadera solución» a la crisis energética es la falta inversión pública. Pero dijo que tener un marco normativo para que los actores privados puedan invertir es una solución «complementaria».
Centeno dijo que esta nueva ley propone un trámite corto (de seis a ocho meses) para proyectos privados de hasta 10 megavatios. «Lo que hemos discutido en la comisión es si este techo es suficiente para promover la inversión privada», sostuvo la asambleísta, y añadió que por ahora hay 38 proyectos en el Ministerio de Energía «empolvados y olvidados» de hasta 100 MW.
«No fuera necesaria esta norma si hubiera habido un cumplimiento del Plan Nacional de Electricidad. Pero lamentablemente los gobiernos anteriores no han cumplido»Valentina Centeno, ponente del proyecto
La normativa incorpora la posibilidad de concesionar a empresas privadas o de la economía popular y solidaria la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios previstos en el Plan Maestro de Electricidad (PME).
En el debate intervinieron 25 legisladores, los cuales expresaron sus opiniones a favor y en contra de la propuesta.
Blasco Luna (Revolución Ciudadana) aseguró que esta ley no va a arreglar la crisis energética del país y cuestionó al actual Gobierno, porque dijo que actualmente no hay impedimento para estos proyectos. El problema, dijo, es el abandono del sector energético.
Los asambleístas críticos al proyecto aseguraron que lo que busca esta ley es facilitar la concesión de las generadoras al sector privado, en lugar de fortalecer la inversión pública en el campo energético, hecho que redundará en un incremento de las tarifas eléctricas, con un grave perjuicio para la ciudadanía.
Tras el cierre del debate, la Presidenta dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico. Esa comisión deberá elaborar el informe para segundo debate, para su votación en el Pleno. El límite para el trámite de este proyecto económico urgente es el 28 de octubre de 2024.