A medida que sube el precio del oro en el mundo, los grupos armados en Colombia se disputan los territorios de minería ilegal, una fuente cada vez más importante de financiamiento a actividades criminales y terroristas. Una investigación de OjoPúblico –en base a documentos reservados de la fiscalía colombiana, a los que accedió como parte de la serie investigativa Narcofiles– revela cómo la extracción ilegal de oro sostiene la economía del crimen, generando asesinatos y desplazamientos mientras más se expande. Uno de los documentos señala que en varias regiones del país la minería ilícita representa más del 50% del total de la economía de los grupos criminales.
A los 25 años, Rosa Amalia Mendoza parecía haber vivido varias vidas. Había sido integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero abandonó las armas y se desmovilizó luego del Acuerdo de Paz con el gobierno en el 2016. Después de ese cambio fundó una organización para los derechos humanos de los campesinos en el departamento de Bolívar, al norte de Medellín. Se enamoró y tuvo una hija. A los 25 años, un 25 de diciembre de 2020, a eso de las 4 de la mañana, Rosa Amalia Mendoza fue asesinada.
Una serie de documentos secretos de la Fiscalía de Colombia –a la que OjoPúblicotuvo acceso como parte de la serie investigativa NarcoFiles– revela que este crimen fue considerado un “hecho detonante” en la disputa por el territorio y el negocio de la minería ilegal que hasta hoy mantienen distintos grupos armados y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Luego de dejar las armas, Rosa Amalia continuó viviendo en el municipio de Montecristo, su lugar de nacimiento y el mayor productor de oro en Bolívar. Históricamente, las FARC dominaban el negocio de la minería ilegal en esa región, en paralelo con estructuras del Ejército de Liberación Nacional.
Sin embargo, tras el Acuerdo de Paz y sin una presencia significativa del gobierno, los exguerrilleros como Rosa Amalia quedaron expuestos a los conflictos entre Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), deseosos por dominar el lucrativo negocio de la minería ilegal.
Su muerte fue el resultado de una declaración de “guerra abierta” por el control territorial de las rentas ilícitas de la minería ilegal, entre el Frente de Guerra Guillermo Ariza (del ELN) y el Frente 37 de las disidencias de las FARC. En enero de 2021, el ELN se atribuyó el asesinato de Rosa Amalia y la acusó de continuar colaborando con su antigua organización.
Los grupos armados de Colombia tienen entre sus principales fuentes de financiamiento –como detallan los documentos a los que se accedió para esta investigación– la minería ilegal. A pesar de que las autoridades reconocen que un alto porcentaje del oro tiene origen ilícito y que la disputa por el negocio ha agudizado la violencia, el mineral termina incorporándose al comercio global.