Los radares de velocidad tienen como objetivo reducir el número de siniestros de tránsito en el Ecuador, pero según las últimas denuncias algunos solo han servido para “sacar plata”. Detrás de ellos hay una serie de cuestionamientos por la forma en la que se efectuaron los contratos. El Gobierno ha denunciado irregularidades en la operación e instalación de los equipos, pero uno de los consorcios señalados rechaza las acusaciones y afirma que no ha recibido el porcentaje correspondiente a la recaudación de las multas.
En junio de este año el asambleísta Adrián Castro (ADN) alertó a la Secretaría de Integridad Pública que estaban vigentes dos contratos de delegación de servicios para radares, otorgados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en julio del 2023 a dos consorcios: Seviecu y Ecuatransit. Estos acuerdos se habrían aprobado en “tiempo récord” y estarían provocando un perjuicio para los conductores, mencionó el legislador oficialista a Vistazo.
Según se puede leer en el proceso contractual, el 4 de mayo del 2023, es decir, en el Gobierno pasado, la CTE lanzó un proceso para que empresas privadas reemplacen radares que estaban dañados en distintas zonas del país, debido a que esa institución no tenía la capacidad técnica y económica.
El 24 de mayo, se revisaron las dos únicas propuestas presentadas: Seviecu y Ecuatransit. Inicialmente, se preveía la instalación de 116 radares por cada consorcio, pero luego en el acta de negociación del 12 de junio, se estableció que podrían ser hasta un máximo de 480(240 por cada esquema).
Para el 19 de julio, Ernesto Pólit, quien era director de la CTE en aquella época, adjudicó los dos contratos. No obstante, los dispositivos empezaron a funcionar desde noviembre hasta la suspensión del 4 de junio del 2024.
El asambleísta Adrián Castro explicó que los acuerdos se dieron fuera del Portal de Compras Públicas, “por lo que solo supieron del mismo los consorcios invitados por la CTE”. Además, los contratos se habrían hecho con base en un manual interno de la propia institución de tránsito y “se saltaron la ley, dejando esto sin base legal”.
Agregó que las ganancias que iban a generar estos contratos eran millonarias. Calculando el histórico de multas de radares, por el valor de cada multa y el número de dispositivos, el legislador preveía una recaudación de más de mil millones de dólares al año.
“La delegación se firmó por 12 años, entonces serían 12 mil millones de dólares”, comentó Castro, quien ejemplifica diciendo que con este dinero se podrían construir tres centrales como Coca Codo Sinclair (2.700 millones) o cinco sistemas de transporte Metro como el de Quito, entre otras obras.
Todo el monto de las multas se iba a distribuir entre los consorcios y la CTE. Los consorcios recogían el 45% en los primeros tres años y 35% el resto del plazo contractual. Mientras que la institución de tránsito recibiría el 55% en los primeros tres años y el 65% en los nueve años siguientes.
“Un negociado que les iba a dejar sobre todo a los ciudadanos que utilizan la red vial todos los días, todos los transportistas, en una situación muy deplorable”, apuntó el asambleísta Adrián Castro.
Sin embargo, luego de un año de haberse celebrado estos contratos, solo se logró instalar 39 radares (36 de Ecuatransit y 3 de Seviecu). Actualmente, están suspendidos.