En el informe para segundo debate del proyecto de Ley -con carácter económico urgente- para enfrentar el conflicto armado interno, que contempla el incremento al Impuesto de Valor Agregado (IVA) al 15 %, ahora se ha incluido una “contribución temporal” sobre la remuneración de los trabajadores y de las personas que facturen por prestación de servicios.
La propuesta plasmada en el documento, que es analizado este miércoles 31 de enero por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, sugiere implementar una contribución del 3,3% en función de la remuneración mensual.
En ese grupo están incluidos los empleados del sector público y privado, que perciban un sueldo igual o mayor a mil dólares. Se exceptúan a los funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Las tarifas y temporalidad de la contribución serían de conformidad con la tabla a continuación:
En el mismo sentido se establece una contribución temporal a las personas que facturen por prestación de servicios, y que durante un mes por la emisión de facturas sume un valor igual o mayor a mil dólares. La tarifa también sería del 3,3% mensual.
Cuestionamientos
El segundo informe que sugiere el gravamen a los salarios ya desencadenó el rechazo de varias bancadas dentro del Legislativo.
“Sería un paquetazo al bolsillo de los ecuatorianos”, dijo el asambleísta Jorge Acaiturri (PSC), quien además es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.
Asimismo, la bancada correísta (Revolución Ciudadana) criticó que se quiera imponer una contribución a los sueldos.
De la misma manera, el legislador Pedro Velasco (Avanza), quien es integrante de la mesa legislativa que tramita el proyecto, aseguró que no está de acuerdo con gravar las remuneraciones y que el tema no fue tratado en la Comisión.
En declaraciones recogidas por Ecuador Chequea, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sostuvo que no se trata de una propuesta del Gobierno.
Primer debate
En el marco del primer debate del proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, 18 asambleístas de todas las bancadas legislativas expusieron sus aportes y observaciones para enriquecer la norma.
La asambleísta proponente y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno enfatizó que la propuesta plantea una serie de medidas para obtener los recursos necesarios para dotar a la fuerza pública de armamento, equipos, infraestructura para luchar contra la violencia y narcotráfico, que de acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, bordean los 2.000 millones de dólares anuales.
Agregó que además se requieren alrededor de 260 millones de dólares al año para ejecutar acciones de prevención de la crisis social.
Mientras que, entre las propuestas presentadas por los legisladores, se destacó la focalización de los subsidios, el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 6 %; renegociación de los contratos con telefónicas extranjeras; y contribuciones especiales a la banca, farmaceúticas, mineras y otras sociedades que han tenido utilidades extraordinarias.
El informe plantea el incremento del IVA al 13 %; y temporalmente durante los años 2024, 2025 y 2026 el impuesto será del 15 %.
Establece un impuesto del 5 % a las utilidades de las sociedades que al 2022 hubieren presentado un incremento del 50 % o más, de sus utilidades en comparación con las del período fiscal 2021. Se excluyen a las micro y pequeñas empresas.
Finalmente, se plantea un impuesto que va del 15 al 25 % de las utilidades de los bancos que han tenido una utilidad neta anual, superior a diez millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2022 o 2023.
Este 30 de enero el presidente Noboa, en un diálogo con la cadena televisiva Ecuavisa, exhortó al Legislativo para que apruebe el proyecto de Ley que busca financiar los costos del conflicto armado interno contra grupos narcoterroristas(negocio que mueve $ 69.000 millones).
La razón de ser de este proyecto de Ley, según detalló, es la generación de recursos para enfrentar la situación que atraviesa el país, no solo por la guerra contra el narcoterrorismo, sino porque el gobierno pasado dejó un déficit que bordea los $ 4.600 millones.