Las organizaciones criminales en Ecuador inician una etapa de confrontación directa con el Estado, según advierte el Observatorio de Crimen Organizado. El nuevo estado de excepción permite fortalecer la lucha contra las bandas.
Alexander García04 oct 2024 – 05:55
Los ataques a fiscales, el asesinato de funcionarios penitenciarios, el aumento de homicidios de policías y el enfrentamiento de delicuentes con fuerzas militares están entre los indicios del inicio de lo que sería una nueva fase de la delincuencia organizada en Ecuador: la insurgencia criminal.
Este fenómeno, descrito por Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), implica que estas organizaciones ya no solo están involucradas en disputas entre sí, sino que se sienten capaces de confrontar directamente al Estado.
De hecho, en el nuevo decreto de estado de excepción en seis provincias y dos cantones, el Gobierno reconoce síntomas de esta nueva fase, como el hecho de que los grupos armados le están disputando el control de las funciones del Estado en ciertos territorios.
El documento advierte qué si se deja de operar a las bandas en las provincias de mayor incidencia, estás organizaciones crecerán al punto de que ya no puedan ser controladas.
Esa es la máxima expresión de insurgencia documentada en América Latina y tiene antecedentes en países como Colombia o México.
Aunque la insurgencia criminal en Ecuador no ha alcanzado los niveles observados en esos países , los signos son preocupantes, según el especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.
“Estamos en una fase inicial de esta insurgencia, donde las organizaciones criminales buscan desestabilizar el Estado para asegurar el control territorial y hacer que sus mercados ilícitos, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, sean más eficientes”, detalla Rivera.
Esta fase se caracteriza por el uso de la violencia para desestabilizar al Estado. “La violencia se dirige a funcionarios del Estado y fuerzas de seguridad. El crimen organizado quiere enviar el mensaje de que tienen más poder que el Estado, para imponer su propio orden”, añade el académico.
¿Qué es la insurgencia criminal?
Entre enero y septiembre de 2024 se han reportado 26 asesinatos policías y uno de un militar, lo que muestra que se ha sobrepasado el umbral de la simple intimidación.
Además, se han registrado enfrentamientos armados con la fuerza pública en cantones como Ponce Enríquez (Azuay). Solo en septiembre de 2024 hubo seis atentados y tres muertes violentas de servidores penitenciarios en el país.
Todo esto “eleva la percepción de riesgo de los servidores, afecta la seguridad pública y el ejercicio de derechos”, según el decreto presidencial que ordena toque de queda nocturno en 19 cantones de cuatro provincias y en una parroquia rural de Guayaquil (Tenguel)
Una insurgencia criminal implica diferentes mecanismos de confrontaciónentre grupos criminales e instituciones estatales. El objetivo de estas organizaciones no es otro que el ganar autonomía y control económico sobre el territorio para sus actividades ilícitas.
Pero se trata de un estado de escalada progresiva del poder del crimen organizado que tiene al menos cuatro niveles, que se estudian a nivel académico.
Niveles de insurgencia criminal:
- Dominios locales y fundación de enclaves criminales.
- En el primer nivel se observan insurgencias locales que fundan enclaves criminales en barrios o localidades marginadas, dentro de una ciudad o área metropolitana.
- Disputas por dominio territorial entre bandas y pandillas.
- En un segundo estadio es posible identificar a los grupos criminales que disputan territorios dominados mediante la vía armada.
- Levantamiento contra la autoridad de forma violenta.
- En un tercer nivel se ubican las organizaciones que combaten directamente al Estado de forma violenta, con el objetivo de asegurar la libertad de operación del mercado ilícito, creado en el enclave criminal que ha florecido en el ambiente de anarquía que han conformado.
- Dominio criminal total de las bandas sobre el Estado.
- El cuarto estadio hace referencia a un escenario de completo dominio criminal sobre las estructuras del Estado, en el cual la espiral de la violencia criminal ha debilitado profundamente a las fuerzas de seguridad, y ha reducido sus márgenes de maniobra mediante una amplia red de corrupción endémica, generando una especie de narcoestado.
¿En dónde se encuentra Ecuador?
Ecuador ya ha superado de lejos los dos primeros estadios de la insurgencia, definidos por el académico estadounidense John P. Sullivan a partir de las experiencias en América Latina (sobre todo en México, pero también en Colombia, El Salvador y las favelas de Brasil).
Se trata de dos niveles previos en la consolidación de gobernanzas criminales, en las que las organizaciones establecen normas y medidas de regulación del orden social en los barrios y distritos en los que se insertan (como en Durán o Nueva Prosperina).
Tras estas fases preparatorias se marca una transición a conductas más “predatorias”, de acuerdo con el director de OECO.
La insurgencia se define como un levantamiento contra la autoridad y es en este tercer nivel que está iniciando en Ecuador, en el que se expresa más decididamente esta confrontación.
La toma del canal de televisión TC en enero de 2024 marcó un hito en esta transición,aunque desde el observatorio vienen documentado los síntomas de la nueva fase criminal desde 2023, que incluye actos terroristas que persiguen la desestabilización estatal.
Cuidado con Lobos y Tiguerones
Rivera, coautor del artículo científico Postinsurgencias y subculturas criminales en Ecuador (2024), pide prestar atención a dos organizaciones criminalesen este contexto: Los Lobos y Los Tiguerones, que están en la búsqueda de aumentar la rentabilidad de todos sus mercados ilícitos a cualquier costo.
“Ambas grupos ejercen una doctrina y practican un ejercicio militar que incluye el combate directo con las Fuerzas del Estado”, señala.
¿Qué se puede esperar? Según el especialista, la realidad ecuatoriana es más cercana a la de México que a la de Colombia. Y advierte sobre la instauración criminal de toques de queda comunitarios, que pueden abarcar a ciudades enteras.
De hecho, estos toques de queda criminalesya se han registrado en ciudades como Esmeraldas y, el año pasado, en cantones de la provincia de Los Ríos como Mocache, Buena Fe, Valencia o ciertas zonas de Quevedo, según los reportes del Observatorio.
Y el riesgo es que se alcancen niveles de descontrol en territorios completos, como los que se han registrado en Sinaloa (México), en un cuarto nivel de la insurgencia criminal.
“Los estados de excepción son insuficientes”
El director del Observatorio advierte que los constantes estados de excepción y toques de queda no son una solución integral. Dice que, si bien estas medidas sirvieron en la contención inicial, una vez reducida la violencia (cayó un 18% en el primer semestre), se requieren de otras acciones.
Según Rivera, la insistencia en la misma estrategia demuestra una debilidad institucional, ya que se depende en exceso de las Fuerzas Armadas.
Y por otra parte -dice- se dejan de abordar otras áreas clave, como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) o la depuración de funcionarios y de miembros de la Fuerza Pública que podrían estar cooptados por organizaciones criminales.
En 2023, la UAFE solo investigó 20 Reportes de Operación Sospechosa, una cifra ínfima frente a los miles que se requieren para atacar el lavado de activos y afectar la economía del crimen organizado.
Además, extender los estados de excepción a más provincias, sugiere que no se están conteniendo los problemas, sino que se están expandiendo, apunta el experto.
Asimismo, indica que decisiones como las de incluir al Distrito Metropolitano de Quito podrían responder a cálculos políticos, más que a necesidades reales de seguridad, sobre todo en un contexto preelectoral.
Aunque en Quito, se registra un incremento de homicidios múltiples propio de disputas por dominio territorial, en general la violencia se ha reducido con respecto a 2023.
“En términos de violencia, la excepcionalidad no se justifica en Quito. Lo que da cuenta es que podría existir un cálculo político postapagones, postincendios y en un escenario preelectoral”, señala Rivera.