El excandidato presidencial Christian Zurita criticó el nulo pronunciamiento del presidente Daniel Noboa en torno al asesinato del político Fernando Villavicencio, en su primer discurso oficial ante la Asamblea Nacional, este jueves 23 de noviembre de 2023.
Tras su investidura, Noboa se centró en lo que él considera como el papel crucial de la juventud en esta nueva era, así como en su visión pragmática para gobernar ante los problemas que enfrenta Ecuador.
Aseguró que su gobierno no basa sus principios en discursos “anti”, sino que se consolidará desde los “pro”, para levantar un “pro Ecuador”, dejando los viejos esquemas políticos; y al mismo tiempo recordó que, aunque cree que su familia ha sido perseguida políticamente en el pasado, se debe romper el ciclo de revanchas.
En relación a la postura del flamante gobierno, en una entrevista radial realizada este viernes 24, Zurita criticó que aún no se hayan dado muestras para que el crimen de Villavicencio no quede en la impunidad, tal como lo había ofrecido Noboa durante la campaña electoral.
«El Gobierno de Noboa se había comprometido, inclusive en campaña, de que apoyaría la constitución de una comisión para que investigue, desde lo político, el crimen de Fernando Villavicencio, (pero) simplemente quedó en el olvido», lamentó Zurita.
Pese a que Noboa tiene apenas 24 horas en funciones, el excandidato resaltó que «hay acuerdos que ya se han sido superpuestos dentro de lo que que significan las costuras de este Gobierno», al señalar la alianza del oficialismo como sus «principales socios» del movimiento Revolución Ciudadana (liderado por el expresidente Rafael Correa) y el Partido Social Cristiano.
Sobre esta nueva visión de Noboa, que «refleja su interés por la forma en que quiere ver la política y el país», Zurita resaltó que lo que busca es «no pelearse absolutamente con nadie y tener la fortaleza de aquellos que tienen los votos en la Asamblea y aislar simplemente al resto, que no va con esta mayoría».
A criterio de Zurita, el flamante mandatario no estaría cumpliendo su ofrecimiento de crear una comisión de la verdad que investigue el asesinato de Villavicencio, y que al parecer su prioridad sería la de mantener una alianza con la mayoría legislativa.
«Yo creo que han cometido un grave error al entregarle la Comisión de Fiscalización al correísmo», criticó el excandidato, en cuanto al reparto que se hizo dentro de la Asamblea Nacional.
La legisladora correísta Pamela Aguirre ahora es la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que en el anterior legislativo estaba a cargo del entonces asambleísta Fernando Villavicencio.
«Él (Noboa) conocerá, en carne propia, lo que significa ser perseguido políticamente por el correísmo, si es que efectivamente no cumple con los acuerdos que ellos le impulsaran», advirtió Zurita.
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Plan de trabajo en Fiscalización
Los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobaron la conformación de una mesa técnica encargada de elaborar el plan general de trabajo, que se ejecutará hasta mayo de 2025, con el objeto de abordar los procesos de gestión y administración pública que presentan irregularidades y que requieren atención urgente.
Entre los temas que más preocupan a los asambleístas se encuentran: la crisis energética que atraviesa el país que genera pérdidas millonarias al sector productivo; la falta de mantenimiento a las hidroeléctricas, la administración y gestión de riesgos; y, gestión de transporte, contratos y concesiones en materia vial.
Además, las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los contratos en el sector petrolero también serán tema de estudio de la mesa.
Los asambleístas también resaltaron la necesidad de fiscalizar las acciones realizadas por el Ejecutivo de Guillermo Lasso, durante los seis meses que la Legislatura cesó por la aplicación de la muerte cruzada.
Previamente, Pamela Aguirre, presidenta de la comisión informó que ha solicitado al Presidente de la Asamblea Nacional un informe que certifique el estado de todos los juicios políticos ingresados en el periodo 2021 – 2023 para, de ser el caso, dar el tratamiento respectivo.
Señaló que requieren un criterio jurídico vinculante para saber cómo proceder, ya que, según indicó, cinco juicios políticos no tienen interpelantes lo que genera una disyuntiva jurídica sobre el procedimiento a seguir.