El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sacudido el tablero político del país al anunciar un adelanto inesperado en el cronograma para las elecciones seccionales. Lo que originalmente estaba previsto para inicios de 2027, ahora se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2026. Según las autoridades electorales, esta medida responde a proyecciones climáticas extremas que sugieren que el fenómeno de El Niño alcanzará su pico máximo en el primer trimestre del próximo año, lo que inhabilitaría cientos de recintos electorales en la Costa y el Austro debido a inundaciones masivas.
Sin embargo, la explicación técnica no ha calmado los ánimos. El bloque del correísmo y otras fuerzas de oposición han calificado la decisión como un «golpe a la democracia». Argumentan que el adelanto busca acortar los tiempos de inscripción de candidaturas, beneficiando a las figuras del oficialismo que ya cuentan con una plataforma armada, mientras que los partidos pequeños y los movimientos nuevos quedan en una carrera contra el tiempo imposible de ganar.
La tensión ha escalado hasta la Corte Constitucional, donde ya se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad. Mientras tanto, en las calles de Quito y Guayaquil, los primeros grupos de ciudadanos han comenzado a movilizarse, exigiendo transparencia y cuestionando si esta maniobra es realmente por el clima o una estrategia para asegurar la hegemonía política en un momento de baja popularidad para el Ejecutivo. El país entra así en una campaña electoral anticipada, marcada por la incertidumbre y el barro político.