El gobierno de Daniel Noboa insistió por tercera ocasión en declarar un estado de excepción en siete provincias. Y desde la Presidencia, se promocionó que este nuevo decreto ejecutivo tiene el «aval« de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), un argumento que el Gobierno usa para presionar a la Corte Constitucional.
Miembros de esta asociación estuvieron en Quito la semana pasada. En una rueda de prensa, convocada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, los abogados españoles José Estévez y Elena Fernández, y el colombiano Gabriel Fernández, explicaron su trabajo «independiente».
Durante la rueda de prensa, realizada el 27 de junio en el Swissotel, en Quito, Estévez aseguró que la Asociación tiene un Observatorio de Derecho Internacional, en el que les «interesa» el caso de Ecuador y que, por eso, realizaron un análisis «totalmente independiente». Dijo además que su informe sería entregado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Esta información fue replicada en un comunicado de la Presidencia. El boletín explica que la Asociación Mundial de Juristas creó un «Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador», que emitió un «informe jurídico sobre la adecuación del proyecto de Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de excepción a la Constitución». Dicho informe, según la Presidencia, constituye un «aval» al último decreto de Daniel Noboa.
La Secretaría de Comunicación incluso gestionó la agenda del abogado colombiano Gabriel Fernández en varios medios de comunicación.