Durante más de una década, la empresa Lafattoria ha monopolizado los contratos para la alimentación en las prisiones del Ecuador, luego de que se construyeron las megacárceles en 2014. Cada año la empresa le factura al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) más de 20 millones de dólares por el servicio. Pero ahora será investigada por Fiscalía, ya que hay un informe reservado que la señala de presuntas irregularidades.
El último contrato de Lafattoria para proveer de alimentación a las cárceles fue el 5 de octubre de 2023, por 23 millones de dólares, según la rendición de cuentas del SNAI.
En 2021, Vistazo expuso cómo esta empresa se hizo con el monopolio de la alimentación en las escuelas y cárceles, con contratos de cientos de millones de dólares. Tanto el SNAI como el Ministerio de Educación han intento dar de baja estos contratos, sin resultado alguno.
Pero ahora las cosas pueden cambiar. La empresa está en el ojo del huracándebido a que la recientemente creada Secretaría General de Integrad Pública, del gobierno de Daniel Noboa, ha pedido a la Fiscalía investigar “presuntos ilícitos”, según un oficio entregado este 2 de mayo a la Fiscal General Diana Salazar.
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Esto se desprende de las alertas emitidas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por “presuntos actos ilícitos de carácter penal, relacionados con el denominado ‘Caso Alpha’”.
El asambleísta azuayo Adrián Castro, quien también acudió a la Fiscalía, refirió que la información que el gobierno entregó es una noticia criminis, que surgió en el marco de la Cooperación Interinstitucional Anticorrupción que se conformó hace unas semanas. Como resultado se emitió un informe de carácter reservado, que ahora pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía. No se conoce si el contenido de dicho informe refiere a los contratos de alimentación u otros motivos.
Castro dijo que, como parte de las facultades de fiscalización de los asambleístas, hará el seguimiento para que la investigación tenga respuesta y respaldar la lucha contra la corrupción.