Tras la destitución del polémico Alembert Vera, la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) recayó en manos de Nicole Bonifaz, quien se desempeñaba como vicepresidenta del organismo.
Una vez que la Corte Constitucional anunció su dictamen, la funcionaria no dudó en tomar las riendas del organismo y convocó a sus compañeros a una sesión extraordinaria para tomar juramento.
Además, el pleno del CPCCS se reacomodó en función de las inclinaciones políticas de sus miembros. Inicialmente, los consejeros de ‘la liga azul’ (apoyados por Rafael Correa) habían logrado tener una mayoría y el defenestrado presidente marcaba la agenda de la institución.
Pero hora cambiaron los papeles, ‘la liga azul’ pasó a ser la minoría y los consejeros con las inclinaciones, aparentemente, anticorreístas forman la nueva mayoría, que ha prometido mayor transparencia y respeto a la institucionalidad.
En medio de ese escenario, la presidenta Bonifaz recibió a PRIMICIAS en su despacho, para hablar de los retos que tiene por delante su administración y los problemas que enfrenta la institución por su desgastada imagen:
¿Cómo recibió el despacho tras la destitución de Alembert Vera? ¿Cómo está la institución?
En temas de actos administrativos todavía estamos solicitando la información a todas las áreas. Especialmente hay algunos pedidos para saber si se ha llevado a cabo algún proceso de contratación, sobre personal, más que nada para saber cuántas personas tenemos.
¿Cuál es la prioridad al momento?
Estamos pidiendo toda la información requerida por la Corte Constitucional. Esa es la prioridad, para que el informe pueda ser aprobado por el pleno la próxima semana. Y enviar la respuesta a más tardar el día jueves.
Pero también estamos esperando la información sobre el estado de los concursos de selección de autoridades de control, que es muy importante y todavía no la hemos recibido.
¿Cuál es la información pendiente para responder ese pedido de la Corte, sobre el cumplimiento de su dictamen?
Lo que hicimos en el pleno fue resolver y conocer toda la disposición de la Corte: la de archivar y dejar sin efecto la conformación de la veeduría ciudadanapara revisar los actos del Consejo de Participación Transitorio y la de informar sobre el informe investigativo en contra de la Fiscal General del Estado.
Estos fueron los dos actos inmediatos, para tomar todas esas actuaciones administrativas y dejarlas sin efecto, como lo ha ordenado la Corte.
También resolvimos cuatro pedidos más de la Corte. Uno de esos es enviar un correo a todos los funcionarios de la institución con al auto de verificación y que el documento esté en todas nuestras páginas de institucionales.
Todos estos informes e información que han pedido a los funcionarios del CPCCS, sobre el dictamen de la Corte, ¿se enviarán sin ningún filtro o modificación?
Sí, exactamente. Pero primero lo vamos a revisar como pleno y ahí tomaremos la decisión y aprobaremos los dos informes pedidos por la Corte.
Como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, todavía está abierta la puerta para que haya más destituciones, sea de consejeros o funcionarios directivos, dependiendo de lo que señalen dichos informes.
Exactamente. Todavía tenemos abierta la fase de seguimiento en contra de los seis consejeros, sin contar con el consejero Juan Esteban Guarderas.
Nos pueden seguir investigando (no sé si es la palabra correcta). La Corte continua en su fase de seguimiento por el tiempo que lo considere necesario. Por nuestro lado, hemos acatado de manera irrestricta todas las decisiones y disposiciones de la Corte.
También pedimos a los cinco funcionarios, que fueron parte del proceso en contra de la Fiscal General, que cumplan con los informes solicitados por la Corte, en el término de tres días hábiles.
En medio de este proceso interno, ¿habrá cambios directivos y administrativos en el CPCCS?
Antes que nada lo estamos analizando. Por eso he pedido los informes, para ver cómo se ha actuado y cómo han actuado los consejeros. Es muy importante que, incluso, si existirían cambios, nos dejen con toda la información de qué es lo que se ha hecho.
En las dos primeras sesiones, bajo su presidencia, se han notado algunas fricciones en el pleno, entre los consejeros. ¿Habrá un cambio de rumbo en las actuaciones del CPCCS?
Como ya lo he dicho, aquí todos vamos a trabajar, o al menos intentar trabajar en conjunto. No creo que exista ninguna división, siempre y cuando actuemos con base en la Constitución y la ley.
Cada consejero tiene que responder por sus actuaciones.
En la sesión extraordinaria, el nuevo consejero Juan Esteban Guarderas denunció que el expresidente, Alembert Vera, no le había dejado actuar a usted como vicepresidenta. ¿Es esto cierto?
Yo entendería que el consejero Guarderas, más que nada, se refería todo lo que yo también me he venido ya pronunciando.
Él (Alembert Vera) nunca nos pasaba la información, siempre actuó de manera unilateral.
De manera pública, lo he dicho, yo no tenía acceso a la información. No me parece que no tengamos información. Y no por ser el presidente o la vicepresidenta vamos a quedarnos con la información. Aquí todos somos autoridades, todos gozamos de la misma legitimidad.
Somos un cuerpo colegiado, somos siete y yo soy la presidenta como representante legal.
Creería que Guarderas se refirió a eso y no solo a mí, sino también esto pasó con los otros consejeros. Por eso los principales cambios y los más importantes tratan sobre eso: trabajar en conjunto con la información, hacer todo entre los siete.
La anterior administración nos pasaba los informes ni con 10 minutos de anticipación, entonces no podíamos revisar ni tener un criterio para votar a favor o en contra.
Eso fue justo lo que nos pasó con el informe que se tuvo que remitir a la Corte Constitucional, sobre la veeduría. Por lo que, los consejeros que votamos en contra, incluso tuvimos que enviar informes por separado.
Creo que esa fue una de las razones por las que hubo tanto conflicto previamente entre consejeros y consejeras.
El señor Vera tenía un programa semanal denominado ‘Informe ciudadano’, ¿su administración lo va a mantener?
No, yo no voy a seguir con esos informes, no van conmigo. Para mí sí es muy importante la comunicación y tenemos que hacer una campaña masiva.
Otro proceso iniciado por el expresidente fue la veeduría ciudadana para fiscalizar los decretos ley del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, después de la convocatoria no se supo más del tema. ¿Qué sucederá con eso?
Honestamente, no. En eso no tengo ningún tipo de información, no sé cómo está esa veeduría o si se llegó a conformar. Porque, también recordemos, que para conformar una veeduría se necesita mínimo tres personas.
Y es muy probable que no se haya conformado, porque no muchas personas saben qué es un decreto ley o cómo es el proceso de un decreto ley.
Una de las principales críticas al CPCCS, desde su creación, es que los procesos de selección de autoridades no han sido transparentes y han sido direccionados. ¿Podrán mejorar la ya bastante desmejorada reputación del CPCCS?
Es importante también resaltar ahora el abuso de las acciones de protección, que dilatan o suspenden los concursos. El concurso del Contralor está temporalmente suspendido hasta el 20 de octubre, recién entonces sabremos qué va a pasar.
Estamos de acuerdo todos los consejeros en que necesitamos algún tipo de mecanismo y que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este abuso.
Por otro lado, yo sí haré lo que la administración pasada no hizo y eso hay que decirlo: estar presente en todas estas audiencias. Por ejemplo, ese 20 de octubre, nosotros tenemos que estar ahí para ver que se haga lo mejor en favor de los candidatos y la institución.
Por eso ya tuvimos un problema con el concurso de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que también se suspendió por una acción de protección y en la audiencia se resolvió volver a la fase de convocatoria.
Es decir, cuando ya teníamos un concurso a la mitad, este volvió a cero. Y el Consejo de Participación se allanó, cuando se tuvo que haber apelado esa decisión, porque existían ya candidatos que habían presentado sus carpetas y eso también es una vulneración de los derechos de participación.
¿Cómo lograr que esa intención de brindar un respaldo institucional no dé la imagen de una interferencia en los concursos?
Con las comisiones nos cuidamos muchísimo. Ya pasó en anteriores administraciones y en esta última también, que la comisión ciudadana de selección del Contralor se fueron en contra de unos consejeros y otros servidores públicos de la institución, hubo hasta denuncias.
Uno de los comisionados dijo que después de la prueba escrita en ese concurso, tuvieron intromisiones por parte de los asesores de algunos consejeros.
En realidad, creo que por eso es necesario recibirlos en el pleno, para saber qué está pasando.
Pero sí tenemos mucho cuidado y, de todas maneras, sí creo necesario estar presentes para que exista esa transparencia y que los concursos se lleven de manera correcta.
Usted lo ha dicho: el concurso del Contralor está parado. Pero, previamente, hubo la intención del pleno de recibir a la comisión, para que expliquen justamente esas denuncias, incluso de un supuesto intento de sabotaje.
El martes mocioné que se pida un criterio jurídico, en el término de cinco días hábiles, para saber cuáles serían las implicaciones de recibir a la Comisión Ciudadana de Selección, a los veedores y también al exsecretario de la Comisión.
El día miércoles pasado (4 de octubre), en sesión ordinaria, aprobamos recibirlos por unanimidad. Pero un día después, el 5 de octubre, recibimos la acción de protección con la medida cautelar que suspende el concurso de manera temporal.
Entonces, eso significa que nosotros tampoco podemos convocar a la Comisión, porque todos los actos del concurso están suspendidos.
Para mí es muy importante contar con ese informe jurídico, que fue aprobado con mayoría de seis votos. Pero yo creería que se debe esperar a la decisión del 20 de octubre para que no exista una supuesta intromisión o incumplimiento.
Una vez que esto se resuelva, es necesario recibir a todas las comisiones para que nos digan cómo se han llevado a cabo todos los procesos.
¿Todos los concursos requieren revisión?
Por ejemplo, sobre el concurso para la Defensoría Pública justo tuve la oportunidad conversar ayer (10 de octubre) con una de las comisionadas.
Ella está muy preocupada porque ya han enviado tres insistencias al expresidente del CPCCS, sobre cómo proceder al no contar con los comisionados de tres de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa y Electoral).
Esto se ha pedido desde el 31 de agosto al expresidente Vera, pero no se ha dado trámite y debió haberse tratado en el pleno. Entiendo que el 13 de octubre vence ese plazo para que el pleno se pronuncie sobre el tema.
No sé cuáles eran las prioridades del expresidente Vera.
De momento, en la comisión solo cuentan con los cinco representantes de la ciudadanía y están las carpetas para seleccionar a los comisionados de las funciones de Transparencia y Judicial.
Entonces, esas cosas son las que tenemos que revisar. Con los demás concursos no tenemos más información aún. El expresidente nunca nos ha pasado esa información.
Con todos los problemas por las acciones de protección que usted mencionó, ¿no ha pensado el Consejo en tomar la iniciativa y pedir un pronunciamiento a la Corte Constitucional de una vez?
Sí, totalmente. Incluso ya lo hemos hablado entre los siete consejeros, así que vamos a trabajar en un documento, en el que todos estemos de acuerdo y enviarlo a la Corte Constitucional. Simplemente estamos viendo los detalles técnicos y jurídicos.
Después de contestar los pedidos prioritarios de la Corte, nos vamos a enfocar en esta solicitud.