El tema de las garantías soberanas que concede el Gobierno para que Prefecturas y Municipios accedan a créditos con instituciones internacionales, ha sido la excusa perfecta para que el presidente Daniel Noboa se acerque a figuras importantes del movimiento correísta. Esto no ha caído bien a la militancia de la Revolución Ciudadana (RC).

Quizás todo inició el 3 de julio, cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, arremetió contra el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, porque aparentemente no le quería firmar el aval para un proyecto de agua potable en Monte Sinaí.

“Ya se porta idiota”, aseguró el burgomaestre en un enlace radial, al relatar que envió un mensaje de texto al ministro y este le contestó: “Yo le aviso”.

Luego, Daniel Noboa comunicó que sí se firmará la garantía soberana, pero recalcó que fiscalizará cada metro.

Nueve días después, se conoció que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables denunció a la gasolinera del burgomaestre por presunto comercio ilegal de combustibles.

Alvarez contestó que las acusaciones en su contra son “una farsa” y “un montaje distractor sin sustento”, que se habrían producido “justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos”.

Pero la disputa no terminó allí, ya que la asambleísta oficialista Lucía Jaramilloanunció la creación de un frente parlamentario para indagar el supuesto contrabando. El burgomaestre calificó a la legisladora como una “niña vaga” y reiteró que todo se trata de una “cortina de humo”.

Al poco tiempo, Noboa envió un mensaje a sus adversarios políticos: “Gracias a Dios yo ya cumplí con mis metas económicas. Me lo he ganado trabajando, no como otros pillos, que lo que han hecho es contrabandear combustible”, apuntó en una visita a la provincia de Los Ríos.