El flamante presidente busca eliminar el Departamento de Educación, redefinir el financiamiento federal y reforzar los valores tradicionales a través de un currículo “patriótico” que celebre los logros históricos del país
Por Patricio Zunini
Donald Trump asumió ayer la presidencia de los Estados Unidos, iniciando así su segundo mandato en el Ejecutivo. Su regreso marca un giro en la política de la Casa Blanca, con un enfoque centrado en profundas reformas.
Te puede interesar: Lukas, el primer influencer educativo creado con IA para enseñar finanzas
En el ámbito de la educación, su administración busca reducir la injerencia federal, fortalecer los valores tradicionales y redefinir el rol del Estado en el sistema educativo. Estas iniciativas, que afectan a todos los niveles de enseñanza, anticipan transformaciones significativas que podrían reconfigurar la estructura y el funcionamiento de las instituciones en todo el país.
El fin del Departamento de Educación
Uno de los ejes centrales de la agenda educativa de Donald Trump es la intención de eliminar el Departamento de Educación, una idea que ya había planteado en su primer mandato. El Departamento podría asemejarse a la Secretaría de Educación Nacional en Argentina o la Secretaría de Educación Pública en México. Creado en 1979, el organismo fue señalado por el presidente como un símbolo de interferencia federal en la educación; un ámbito que, según él, debería estar en manos de los estados y las comunidades locales. Trump ha calificado al Departamento como un símbolo de burocracia y lo ha acusado de estar infiltrado por ideologías que no reflejan los valores tradicionales estadounidenses.
Para avanzar en las reformas, Trump nombró a Linda McMahon, exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment y una de sus aliadas políticas más cercanas. Aunque McMahon no tiene experiencia en educación, su trayectoria empresarial y su relación de confianza con Trump la ubican como una figura estratégica en la implementación de su agenda reestructuración institucional.
La eliminación del Departamento de Educación implicaría desafíos logísticos y políticos. Entre sus funciones principales, el organismo distribuye miles de millones de dólares a escuelas primarias y secundarias, incluyendo los recursos asignados al programa Título I, que está destinado a instituciones de bajos ingresos, y gestiona una cartera de préstamos estudiantiles que alcanza los 1,5 billones de dólares. En caso de desmantelarlo, estas funciones tendrían que transferirse a otras agencias federales, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o delegarse directamente a cada Estado. También surgiría la necesidad de redefinir la supervisión de los derechos civiles en las escuelas, una tarea actualmente asumida por su Oficina de Derechos Civiles.
Pero, pese al interés de Trump por eliminar el Departamento de Educación, las posibilidades reales de concretarlo son limitadas. El cierre de un organismo federal requiere la aprobación del Congreso, un proceso que históricamente ha enfrentado grandes obstáculos. En la década del 80, Ronald Reagan había tenido una iniciativa similar y debió abandonarla por falta de consenso político. Incluso dentro del Partido Republicano, hay legisladores que podrían oponerse al desmantelamiento, dado que muchas escuelas en sus distritos dependen de los fondos del Departamento.
Una revisión del financiamiento federal
En consonancia con el punto anterior, Trump propuso redirigir o condicionar los fondos del Departamento de Educación. En los discursos de campaña, había cuestionado el destino de estos recursos en programas como la enseñanza de teoría crítica de la raza —un enfoque que analiza cómo las leyes y las instituciones perpetúan desigualdades raciales estructurales— y en políticas que apoyan la inclusión de los estudiantes transgénero, como el acceso a baños o equipos deportivos de acuerdo a su identidad de género. Trump planteó premiar a las escuelas que adopten un enfoque alineado a los contenidos “patrióticos” y eliminen la tenencia docente, que, según él, obstaculiza la remoción de maestros con bajo desempeño, mientras que dijo que recortaría los fondos a aquellas instituciones que mantengan prácticas consideradas ideológicas o contrarias a los valores tradicionales.
El financiamiento federal representa entre el 10 y el 14% del presupuesto total de las escuelas públicas, y es fundamental para sostener la trayectoria de los estudiantes en contextos vulnerables. Programas como el Título I, que apoya a escuelas con altos índices de pobreza, y la Ley IDEA, que financia servicios para estudiantes con discapacidad, son dos ejemplos de cómo se busca reducir las brechas de inequidad en el sistema educativo. Bajo la presidencia de Trump, estos programas podrían transformarse en subvenciones más flexibles, otorgando mayor control a los estados y limitando las condiciones impuestas por el gobierno federal.
En el ámbito de la educación superior, el financiamiento federal también juega un rol significativo. El Departamento de Educación administra programas como las becas Pell, que cubre los costos universitarios de los estudiantes de bajos ingresos, y supervisa una cartera de préstamos estudiantiles que asciende a 1,5 billones de dólares. Durante la campaña, Trump criticó fuertemente las iniciativas de condonación de la deuda estudiantil de la administración Biden, calificándolas de excesivas y fiscalmente irresponsables. Si bien aún no ha presentado un plan detallado, dejó entrever la intención de privatizar la gestión de los préstamos y limitar el alcance de programas como el Perdón de Préstamos por Servicio Público, que beneficia a trabajadores del sector público y organizaciones sin fines de lucro.
De implementarse estas propuestas, cabría el riesgo de que haya mayores barreras económicas para los estudiantes de bajos ingresos que dependen del apoyo federal para acceder a la educación superior.