La Ley de Armas irá al Registro Oficial para su aplicación, una vez que la Asamblea Nacional tramitó las objeciones del presidente Daniel Noboa al proyecto este martes, 1 de octubre de 2024, como una respuesta a la crisis de seguridad que soporta Ecuador.
El Legislativo se allanó a 22 observaciones del Ejecutivo, pero se ratificó en otras siete. El correísmo se abstuvo.
Entre los requisitos marcados para que un civil posea un arma constan: tener al menos 25 años, contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avalados por el Ministerio de Salud; certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa, y no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros de núcleo familiar, entre otros puntos.
Según los legisladores, la norma corrige los vacíos que tenía el Decreto Ejecutivo que permite el porte y tenencia civil de armas de fuego, que fue expedido por el expresidente Guillermo Lasso.
Además, la norma autoriza la fabricación de armas en Ecuador de manera industrial, a través de una persona jurídica, y no de manera artesanal.
Mientras, los militares deberán ejecutar controles exhaustivos de trazabilidad de las armas para determinar su origen.
La Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados fue aprobada el pasado 13 de agosto por el pleno de la Asamblea Nacional con 79 votos a favor, en segunda votación.
Durante el debate para su aprobación, el asambleísta ponente de la norma, Xavier Jurado, mencionó que “la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan a Ecuador requiere una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente 1,2 millones de armas ilegales de las calles”.
“Con esta normativa, Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación”, destacó Jurado, integrante de la agrupación oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Mientras, Lucía Posso, asambleísta de la formación Avanza, recordó que “el 84 % de los homicidios que se cometen actualmente en el país se realizan con armas de fuego, por lo que es crucial generar un contexto de control riguroso acorde a las nuevas dinámicas con las que opera el crimen organizado”.