El Gobierno anunció este martes que reducirá los subsidios a las gasolinas de mayor consumo desde finales de este mes, pero no liberará por completo los precios, que seguirán teniendo un mecanismo de estabilización ante fluctuaciones abruptas de los precios del petróleo.
La medida se aplicará a las gasolinas Extra y Ecopaís, ambas de 85 octanos, que actualmente tienen un precio congelado de 2,47 dólares por galón (3,78 litros), y desde finales de junio experimentarán un incremento de 26 centavos, para pasar a costar 2,72 dólares por galón, lejos del precio de unos 4,69 dólares que tienen estos combustibles a nivel internacional.
La Administración del presidente Daniel Noboa hizo así el anuncio oficial de esta medida que ya intentaron también aplicar sus predecesores Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes se vieron obligados a dar marcha atrás ante olas de protestas lideradas por el movimiento indígena.
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Este nuevo intento por levantar los subsidios a las gasolinas se da, como en las otras ocasiones anteriores, en el marco de un acuerdo crediticio firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente aprobó un acuerdo de 4.000 millones de dólares a entregar a Ecuador en el plazo de 48 meses.
En esta ocasión, Noboa ha optado por únicamente tocar los subsidios de las gasolinas, que el año pasado supusieron un gasto para el Estado de 644 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una cifra similar al costo del bono de desarrollo humano y el doble de lo que destina el Estado a combatir la desnutrición.
Subsidios seguirán a diésel y gas
Así, las subvenciones estatales continuarán para el diésel y el gas, que componen el grueso (80%) de los 3.265 millones de dólares que el Gobierno ecuatoriano gastó en 2023 para subsidiar combustibles.
«(El subsidio a la gasolinas) es el más inequitativo e ineficiente«, señaló en rueda de prensa la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, quien señaló que «es insostenible» porque «incentiva actividad ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico» y «es un sinsentido continuar con esta distorsión».
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Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para eliminar estos subdisios está que más del 50% de estos 644 millones de dólares de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís beneficia al quintil de la población con más ingresos, que cuentan en principio con un poder adquisitivo para permitirse un combustible más caro.
También tiene como objetivo reducir el contrabando de gasolinas hacia Colombia y Perú, pues el reducido precio de estos combustibles en territorio ecuatoriano supone un lucrativo negocio para las mafias que lo trasladan a los otros países y los venden al precio sin subvenciones que tienen allí estos carburantes.
Banda de estabilización
El precio de las gasolinas Extra y Ecopaísno quedará completamente liberado y sujeto a los precios internacionales del barril de Texas, pues el Gobierno mantendrá un mecanismo de estabilización de precios, donde mensualmente el precio de estos carburantes no podrá subir más de un 5% ni bajar más del 10%.
Si los precios internacionales del petróleo registrasen fluctuaciones abruptas, los valores de estas gasolinas en Ecuador no subirán ni bajarán de la misma forma, y la diferencia volverá a ser cubierta por el Gobierno.
La medida tomada por la administración de Noboa también contempla un mecanismo de compensación de subsidios para una flota de alrededor de 84.000 vehículos de transporte de personas, que recibirán una transferencia del Gobierno para que el coste de estas gasolinas siga para ellos en 2,46 dólares por galón.
En un comunicado, el Banco Central del Ecuador avaló esta medida, al señalar que los recursos que se destinaban a subvencionar las gasolinas podrán ahora dirigirse «a proteger a la población que pertenece a los deciles de ingresos más bajos, mitigar el impacto ambiental y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Los subsidios a las gasolinas es una de las reformas económicas que ha emprendido Noboa para recuperar las cuentas fiscales de Ecuador, que en 2023 experimentaron un déficit de unos 4.800 millones de dólares, equivalente a cerca del 5% del producto interior bruto (PIB) de Ecuador.