La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó este martes a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se establezca una fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos en contra de ocho funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), investigados por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Entre los señalados por el Ministerio Público está incluido el titular del CJ, Wilman Terán, quien ya no es objeto de confianza por parte de la Corte, según un comunicado leído el 28 de agosto por la máxima autoridad judicial, Ivan Saquicela.
El resto de funcionarios a los que se les formulará cargos, según explicó la Fiscal General, Diana Salazar, son «Xavier M., Ruth P., Juan M., Andrés J., Marcela B., Carlos G. y Katherine M».
Hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en dos casos de connotación: Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el excontralor general Pablo C.; y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos”«, indicó la titular del Ministerio Público, en un video.
La declaración de Salazar fue emitida tras un pronunciamiento del Pleno de la CNJ con respecto a Terán y el resto de «miembros del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura», dado a conocer el pasado lunes, en el que rechazaba su accionar en la destitución del cargo de juez aplicada a Walter Macías, considerándolo como lesivo para la credibilidad institucional y seguridad jurídica.
Lea también / Aumentan las críticas contra el Consejo de la Judicatura: Gobierno califica sus actuaciones como «ilegales»
En adición, la Corte instó a los vocales actuantes a “dar un paso al costado” e instó a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura “a rever la delegación otorgada a los vocales”, ya que ellos “están volcados en actos que hoy el pleno de la Corte Nacional rechaza y condena”.
En se declaración, Salazar exhortó a la sociedad a «mantenerse vigilante de estos procesos, que involucran al máximo organismo de control de la Justicia» y reafirmó su «compromiso con la ciudadanía de evitar la impunidad», ya que «ninguna persona está sobre la ley».