En palabras del propio presidente Daniel Noboa, la crisis de inseguridad no se combate solo con armas, sino también con obras y programas sociales. Sin embargo, eso es algo en que las autoridades locales y nacionales han fallado recurrentemente.
El último censo reveló que en el país hay 6,7 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y que decenas de municipios todavía adeudan la cobertura total de servicios básicos a sus ciudadanos.
Un 2,5% de la población no tiene acceso a electricidad, un 15,8% no cuenta con acceso a agua por red pública (no necesariamente potable), un 34,2% no tiene servicio de alcantarillado y un 11,3% tampoco tiene recolección de basura.
Además, apenas el 18,7% de ecuatorianos han alcanzado una educación superior (universitaria o técnica). Y los años promedio de escolaridad llegan a 11,4, cuando la educación básica y de bachillerato suman 13 años, en total.
Y, precisamente, en el arranque de 2024, los 10 cantones más violentos, ubicados en las provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar y Orellana, comparten muchas de esas características.
Las condiciones de vida
La cobertura de servicios básicos: agua potable, alcantarillado, recolección de basura y energía eléctrica afecta directamente en la calidad de vida y salud de los ecuatorianos. Es un factor clave incluso para luchar contra el problema de la desnutrición infantil.
Y la responsabilidad de los tres primeros servicios recae sobre los municipios. Mientras que la prestación del servicio de energía eléctrica, es competencia del Gobierno Central, sea a través de la autoridad nacional o de empresas públicas.
De entre los 10 cantones más violentos en el inicio del año, Alfredo Baquerizo Moreno es el que tiene peor cobertura: 92,3% de electricidad, 28,8% de agua pública, 3% de alcantarillado y 40,9% de recolección de basura.
En general, el servicio menos eficienteque reciben los pobladores de estos cantones es el de alcantarillado, entre el 62,4% y el 97% de cobertura, pese a que son ciudades que se encuentran en climas cálidos y húmedos, donde el manejo de desechos se vuelve aún más importante.
Nuevamente, el cantón con el tiempo promedio más bajo de escolaridad es Alfredo Baquerizo Moreno, donde la población apenas tiene 8,9 años de educación general. Y apenas el 6,1% tienen un título universitario o técnico.
En siete de estos 10 cantones, más del 90% de sus habitantes no cuentan con una educación de tercer nivel. Y solo en Babahoyo su población se acerca al 20% en esta categoría.
Uno de los grandes problemas del país, por fuera de la crisis de seguridad, es la falta de trabajo. La tasa de empleo inadecuado llegó a 62,9% en abril, según el INEC, y la de empleo adecuado se ubicó en 33,6%, en marzo. A la vez que la tasa de informalidad se ubicó en 53,4%.
Al momento del último censo, entre el 48% y el 84% de la población de estos cantones se encontraba en situación de pobreza, porque sus necesidades básicas estaban insatisfechas. Y nueve de ellos tienen a más de la mitad de la genteviviendo en esa situación.
Y Alfredo Baquerizo Moreno, el décimo cantón más violento del año, cuenta al 84,1% de sus habitantes en esa categoría. Seguido de Valencia (82,3%) y Joya de los Sachas (78,1%).
En siete cantones, menos del 50% de su población se encuentra en situación de“ocupación”, aunque esta categoría reúne a las personas que se encontraban trabajando (en cualquier condición y modalidad) y aquellas que, en ese momento, no lo estaban, pero habían tenido una actividad laboral reciente.
Y, otra vez, Alfredo Baquerizo Moreno encabeza la lista en esta categoría, con el menor porcentaje de población “ocupada” (39,5%). Además, tiene la peculiaridad de que la mayoría de su población se encuentra fuera de la fuerza laboral (50,7%).
Sin embargo, el porcentaje de desocupación es más alto en Nobol, con el 11,3%.
En general, las cifras de “desocupación”del INEC son bajas en el censo 2022, porque la categoría recoge solo a aquellas personas que estaban buscando un trabajo en ese instante, sin haber tenido ninguna actividad laboral en un tiempo determinado.
Mientras que la población fuera de la fuerza laboral hace referencia a los jubilados, estudiantes, trabajadoras del hogar o personas con impedimentos para ejercer un trabajo.