El Gobierno expresó este domingo su repudio por el asesinato a tiros de la alcaldesa del cantón San Vicente (Manabí), Brigitte García, y ofreció hacer todo lo posible para dar con los responsables de este crimen.
«Estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado y hemos dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador que realicen todas las acciones que garanticen inmediatez en la investigación, a fin de dar con los autores materiales e intelectuales» del crimen, remarcaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Gobierno y del Interior.
Esas dos carteras, en su texto, dicen que «repudian y condenan la acción criminal» que privó la vida de García y del director de Comunicación del Municipio de San Vicente, Jaime Loor, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo cerca de esa ciudad.
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«Nuestro sentido pesar de todo corazón, nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes en la impunidad«, añadieron.
Asimismo, indicaron que, pese a estas acciones criminales, el Gobierno ratifica que no bajará la guardia en la «lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política».
«Además, reforzaremos nuestros controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en beneficio de los ecuatorianos», se añadió en el escrito.
El crimen de García y Loor se produjo en un momento en que rige en el país elestado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para frenar la espiral de violencia que se registró a principios de año.
Brigitte García, de 27 años, era laalcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana.
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El crimen de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero, y también en medio del estado de excepción.
Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un cantón cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El asesinato de Carnero, que era tambiénmilitante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar el recrudecimiento de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el «conflicto armado interno», el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó «como organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes».
El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.
Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.