El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolló este sábado un primer simulacro del proceso de votaciones presidenciales y legislativas del próximo 20 de agosto, con el fin de optimizar sus procedimientos y el escrutinio correspondiente.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que el ejercicio técnico permitirá poner a punto los procedimientos para entregar en el menor tiempo posible los resultados de la voluntad ciudadana expresada en las urnas de votación.
La jornada de simulacro se desarrolló de forma simultánea en las delegaciones electorales de las 24 provincias del país y se pusieron a prueba los procesos técnicos y operativos, incluido el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto (JRV, las mesas de votación) en las fases de instalación, sufragio, escrutinio y embalaje.
El CNE afirmó que el ejercicio permitirá evaluar los componentes del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados, que incluye el sistema informático para la cuenta de votos y el de Seguimiento Móvil.
De forma paralela, el simulacro puso a prueba el plan de respuesta de seguridad, a cargo de agentes de la fuerza pública (policías y militares) encargados de prevenir y controlar eventuales hechos irregulares o violentos en la jornada de votación.
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El CNE prevé efectuar un segundo simulacro el domingo 13 de agosto, una semana antes de los comicios.
En las elecciones generales y extraordinarias del próximo 20 de agosto también se realizará una consulta popular sobre la prohibición a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
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Asimismo, en la misma fecha se celebrará de forma paralela otro proceso de consulta similar que busca prohibir la minería en general en la zona del Chocó Andino, una reserva natural en el noroeste de la capital ecuatoriana.
Los comicios presidenciales y legislativos en Ecuador responden a un procedimiento constitucional conocido como «muerte cruzada» que fue invocado en mayo pasado por el presidente del país, Guillermo Lasso, y por el cual disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas.
Las autoridades que resulten designadas en esas elecciones completarán el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que fue recortado a la mitad por el propio mandatario al anunciar la «muerte cruzada».
Ese atajo constitucional se planteó en un momento en que el gobernante estaba sometido a un juicio político de censura en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y donde era acusado de una supuesta malversación de fondos en una empresa pública, que él ha negado enfáticamente.