Ecuador se convirtió en 2023 en el primer país del mundo en votar el cierre de una explotación petrolera y en 2024 tendrá la misión de cumplir con la decisión de ese histórico plebiscito celebrado en agosto, que ordena cerrar los pozos y desmantelar el Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
Con un 58,95% de los votos, los ecuatorianos optaron el pasado 20 de agosto a favor de dejar indefinidamente en el subsuelo reservas de petróleo por valor de 13.800 millones de dólares para los próximos 20 años, según las estimaciones de Petroecuador, que desde 2016 inició la explotación de este yacimiento.
Desde la proclamación oficial de los resultados del plebiscito realizada el 31 de agosto, el Gobierno tiene en principio el plazo de un año para proceder con el cese de operaciones y el desmantelamiento de las instalaciones del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).
Ese es el tiempo límite marcado por la Corte Constitucional en su inédita sentencia en la que dio luz verde a la celebración de esta consulta popular, tras diez años de litigios con las instituciones ecuatorianas del colectivo ambientalista Yasunidos para llevarla a cabo luego de reunir 757.000 firmas a favor de realizar la votación.
Un millonario desmantelamiento
Durante este año, el Bloque 43-ITT alcanzó un pico máximo de producción de 58.000 barriles de crudo al día, que equivalen a aproximadamente el 11 % de la producción nacional de petróleo de Ecuador, situada en torno a los 490.000 barriles por día.
Al coincidir el plebiscito con las elecciones generales, el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso prefirió continuar con la explotación del yacimiento y dejar en manos de su sucesor, Daniel Noboa, el cese de las operaciones, realizadas hasta el momento sin derrames ni accidentes ambientales en uno de los entornos ecológicos más sensibles del planeta.
El Gobierno de Lasso se oponía firmemente al cierre del Bloque 43-ITTal argumentar que, según los datos de Petroecuador, generaba unos 1.200 millones de dólares al año en beneficios para el país, mientras que el desmantelamiento de las instalaciones ascendería a unos 500 millones de dólares, tras haber invertido 2.000 millones en su construcción.
Sin embargo, el exgerente general interino de Petroecuador, Reinaldo Armijos, ya habló en diciembre de que retirar toda la infraestructura y cerrar los 230 pozos perforados tendría un coste más próximo a los 1.800 millones de dólares.
Noboa, a favor de cesar explotación
Durante la campaña electoral, Noboa sorprendió al posicionarse a favor de dejar de explotar el Bloque 43-ITT al considerar que los precios internacionales del petróleo a medio y largo plazo iban a hacer que dejase de ser rentable la extracción de petróleo de este yacimiento, algo que hasta el momento no se produce.
Y así el joven presidente de 36 años deberá cumplir con el mandato popular decerrar los pozos en medio de una delicada situación económica para el país, que tiene en el petróleo a una de sus principales fuentes de ingreso y que, pese a ello, acabará el 2023 con un déficit en torno al 5% del producto interior bruto (PIB), equivalente a unos 5.000 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha apuntado a financiar el cierre del Bloque 43-ITT a través de la colocación de bonos verdes y también con la búsqueda de inversión privada para potenciar campos maduros, pues Ecuador no tiene en el corto plazo otro yacimiento que pueda suplir los recursos de este.