El presidente Daniel Noboa firmó el 28 de febrero un decreto que prolonga el estado de excepción en nueve provincias y tres cantones del país. La medida, vigente desde el 1 de marzo, responde a informes de inteligencia que alertan sobre la presencia activa de grupos delictivos organizados. El objetivo es reforzar la seguridad y garantizar el control territorial en zonas críticas como Esmeraldas, Guayas y Manabí. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensifican operativos de patrullaje, retenes y allanamientos. La decisión ha generado debate: mientras sectores ciudadanos apoyan la medida como necesaria para frenar la ola de violencia, organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles abusos. Noboa defendió la medida como “urgente y temporal”, subrayando que busca proteger la vida de los ecuatorianos y restablecer la paz social. El Diario Ec…