Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó al Estado Mayor Central (EMC), la principal facción de disidentes de las FARC, de «violar el cese al fuego».

Disidentes de las FARC abrieron fuego contra un grupo de indígenas en el suroeste de Colombia, en un ataque que dejó dos comuneros heridos y que el presidente Gustavo Petro calificó este domingo como una violación a la tregua pactada con los rebeldes.

La agresión ocurrió el sábado, luego de que «personas armadas» de un frente guerrillero conocido como Dagoberto Ramos «raptaron a un menor de edad» en una zona rural del municipio de Toribío, departamento de Cauca.

«La comunidad se movilizó para rescatar al comunero logrando la liberación del mismo y la inmovilización del vehículo en el que se estaba realizando el secuestro (…), la respuesta de estos delincuentes fue disparar indiscriminadamente a la comunidad», denunció la autoridad indígena del municipio en un comunicado.

Los disparos hirieron a los indígenas Carmelina Yule y Rodrigo Ul Músicue, según la denuncia de la Autoridad Ancestral de Tacueyó. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, ya habría un fallecido.

Petro, que negocia desde octubre del año pasado con el Estado Mayor Central (EMC), la principal facción de rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz que desmovilizó a las FARC en 2017, acusó a esa guerrilla de «violar el cese al fuego».

Delegados de su gobierno y del EMC habían acordado una tregua a principios de 2023. La organización agrupa a unos 3.500 combatientes y controla rutas de narcotráfico en las fronteras con Ecuador y Venezuela, según inteligencia militar.

Petro aseguró que los indígenas atacados habían estado el viernes en un evento público de su gobierno en Cali (suroeste).

Los originarios pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue al EMC y condenaron «la descomposición (…) de este grupo armado que se autoproclama como revolucionario».

La representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, también condenó el ataque a través de la red social X.

«Aunque el diálogo con actores armados puede contribuir a mejorar la situación en los territorios, el Estado es el garante de los derechos humanos», declaró de Rivero.