La Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Patricio Chávez (RC), aprobó este fin de semana un informe sobre el proceso de fiscalización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el Estado ecuatoriano.
Este informe analiza las condiciones de endeudamiento y sus impactos en diversas áreas, incluyendo los derechos a la salud, trabajo, cultura y seguridad social. Además, contiene conclusiones sobre el manejo del acuerdo.
Una de las recomendaciones clave del informe, aprobado con ocho votos a favor y una abstención, es iniciar un juicio políticocontra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, por presunto incumplimiento de obligaciones constitucionales relacionadas con la firma de tratados, en línea con el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE).
La comisión argumenta que el acuerdo de crédito Servicio Ampliado del Fondo (SAF), firmado con el FMI el 25 de abril de 2024, viola los artículos 418, 419 y numeral 2 del artículo 18 de la CRE, lo que lleva a la conclusión de que sus cláusulas carecen de validez y eficacia, según el artículo 424 de la Constitución.
Asimismo, el informe destaca que una parte significativa de los recursos del acuerdoestá destinada a pagar deudas.
Precisa que un porcentaje de los recursos corresponde a la deuda con el propio FMI, por créditos obtenidos con anterioridad y el resto del crédito estaría destinado a pagar a otros acreedores del Estado.
También se señalan compromisos en el acuerdo para modificar la normativa económica y laboral del país.
“De la lectura del Acuerdo suscrito se evidencia que se insertan compromisos de expedir, modificar o derogar normativa económica y laboral en el Ecuador”. Además, el préstamo o crédito que ha concedido el FMI a favor del Ecuador no está concebido para cubrir la atención a los grupos de atención prioritaria o proyectos de inversión para infraestructura.
Los asambleístas Gissela Garzón, Jorge Chamba, Mariana Yumbay y Franklin Samaniego expresaron preocupación por las condiciones del acuerdo, señalando aspectos como el alto interés del crédito, el destino de los 4 mil millones de dólares, y los posibles efectos negativos en los pueblos y nacionalidades, así como en la deuda del país.