El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional admitió a trámite el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que implementa la cadena perpetua en Ecuador.
La propuesta, presentada por el asambleísta y expresidente de la República Lucio Gutiérrez, fue aprobada el pasado 30 de enero por la mesa legislativa, y mediante oficio de fecha 7 de febrero, el secretario general Alejandro Muñoz notificó al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, Fernando Cedeño, acerca de la resolución del CAL.
Este jueves 8 de febrero, el legislador celebró la aprobación de su propuesta de reforma al COIP, «para sancionar con cadena perpetua a los políticos corruptos que se roben el dinero de los ecuatorianos, a los jueces y fiscalescorruptos, que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes».
Además, mencionó que la normativa condenaría con la misma pena a los sicarios, a los violadores, y a los que cometen crímenes de femicidio.
«Con esto queremos atacar la raíz del problema de la tragedia nacional, porque la madre de todos los males en Ecuador, definitivamente es la corrupción», enfatizó Gutiérrez.
«Cortar la mano a los corruptos»
No es la primera vez que este tipo de medidas catalogadas como de populismo penal son planteadas por políticos del país, para combatir la corrupción.
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El exministro y excandidato presidencial, José Iván Espinel Molina, quien luego fue condenado por el delito de lavado de activos, sorprendió cuando en campaña política propuso la pena de muerte para los violadores.
En una entrevista con Revista Vistazo realizada en 2016, Espinel fue interrogado sobre si el país estaba preparado para la pena de muerte, ante lo cual respondió que no era parte de su plan de Gobierno, sin embargo, fue una petición ciudadana dentro de sus recorridos en campaña, por lo que solo en caso de ser necesario «tiene que haber un plebiscito, una reforma constitucional».
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Además, respecto a lo que haría para evitar casos de corrupción en el Gobierno, Espinel enfatizó: «los focos de corrupción, probablemente en un ámbito tan grande como el Estado, van a ser difíciles de erradicarlos. Eso hay que tenerlo claro. Pero si mañana pasa, hay que ser radicales. Si por mí fuera les cortara las manos a los corruptos«.
En 2019, Espinel fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos, puesto que no justificó ingresos por 771.000 dólares.