A falta de un mes para el cambio de legisladores, la Comisión Permanente del Parlamento uruguayo volvió a sesionar para tratar la situación venezolana. El oficialismo uruguayo no dudó en definir como “dictadura” al régimen de Nicolás Maduro, pero la oposición no estuvo de acuerdo con utilizar esa palabra. En el Frente Amplio, que asegura que hay un “alejamiento del marco institucional”, este tema sigue generando división a la interna.
Por lo tanto, y solo con los votos del oficialismo, el Parlamento emitió una declaración que considera que lo que sucedió el viernes 10 es la “culminación de un largo proceso de deterioro de la situación político-institucional” en Venezuela. “Hoy nadie puede negar que es una dictadura”, dice el documento.
Los legisladores del oficialismo opinan que quien debió asumir la presidencia de la “República Hermana” fue Edmundo González Urrutia, que “no pudo siquiera ingresar a su país”. Además, mencionan que la líder de este proceso, María Corina Machado, “fue víctima de un secuestro que ha mostrado que el régimen ha llegado a límites inaceptables”.
“El juramento de Nicolás Maduro fue la configuración de un golpe de Estado, al desconocer la contundente victoria de la oposición, confirmada por organizaciones internacionales y gran parte de los países democráticos”, agrega la declaración.
Para los legisladores del oficialismo uruguayo, las “violaciones de los derechos humanos” que ocurren en Venezuela son “sistemáticas” y aseguran que hay “torturas y desapariciones forzadas”. Entre estas, recuerdan al uruguayo Fabián Buglione, quien intentó ingresar a Venezuela el 19 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero.
El gobierno uruguayo ha recibido de manera informal algunas informaciones que indican que estaría detenido, pero el propio presidente Luis Lacalle Pou dice que hay que tomar esos datos “con pinzas”. Y, ante la falta de respuestas, la Cancillería envió una nueva carta preguntando por él.
La declaración continúa afirmando que hay “ataques a las libertades y el desconocimiento de los de los más básicos derechos que configuran las bases de una democracia, cometiendo delitos de lesa humanidad que son pasibles de ser sancionados por la Corte Penal Internacional”. Estas situaciones motivan “el rechazo contundente de este Parlamento”.
“Como parte de esta comunidad internacional y ratificado por declaraciones e informes de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional debe iniciarse en forma inmediata un proceso de paz que culmine más temprano que tarde, con el restablecimiento de la República en Venezuela, permitiendo que el nombrado presidente electo Edmundo GonzálezUrrutia asuma el cargo del que fue investido por la absoluta mayoría de los ciudadanos”, continúa.
El uso de la palabra “dictadura” fue lo que hizo que la declaración no fuera aprobada por unanimidad. “Lo que impidió llegar a un acuerdo –que en realidad no entiendo al Frente Amplio porque se perdió una buena oportunidad de empezar a aceptar lo que Maduro es– fue la palabra dictadura”, dijo la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, en una rueda de prensa.
El senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio, fue el negociador de la actual oposición y presentó una moción con la postura de la izquierda. “Sin duda que a todos nos preocupa la situación que se está viviendo en Venezuela, hay un agravamiento de la situación institucional”, declaró a los medios.
“Creo que hay una falta de legitimidad de origen de lo que fue el proceso electoral del año pasado y lo que hoy existe es la asunción de Maduro como presidente del gobierno de Venezuela y sin duda eso ha generado por lo menos un conjunto de declaraciones y países de diferentes partes del mundo”, continuó.