sistema de justicia ecuatoriano, que fue diseñado para servir a los poderes políticos, resultó presa fácil para que el crimen organizado pueda operar a sus anchas. Cuatro casos judiciales en los que se investiga a narcos, abogados, jueces, políticos y policías dan cuenta de la decadencia, mientras avanza un nuevo concurso para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y se tramita el reglamento para el reemplazo de la Fiscal.
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“Los patriarcas de la componenda”. Así bautizó Jaime Roldós Aguilera a los líderes del Partido Social Cristiano, Concentración de Fuerzas Populares y Partido Conservador, cuando armaron una mayoría opositora en el Congreso y se repartieron la designación de los jueces de la Corte Suprema en 1979. El país regresaba a la democracia, pero la clase política no entendía que la democracia necesita una justicia independiente.
Durante estos años el país ha visto cómo León Febres-Cordero mandaba a cercar el Palacio de Justicia con tanquetas en 1984; “el pacto de la regalada gana” de Abdalá Bucaram y los socialcristianos para repartirse la mayoría de los jueces en 1996; la “Pichi Corte” de Lucio Gutiérrez en 2004; la metida de mano a la justicia de Rafael Correa para reformar todo el sistema hace más de una década…
Esa justicia a la carta, que debilitó la institucionalidad, dejó la mesa servida para el crimen organizado. En el último año, Ecuador vio estallar el caso Metástasis y otros que se llevan en paralelo y dan cuenta de cómo se manipuló la justicia para beneficiar a líderes criminales como Leandro Norero o José Adolfo Macías, alias “Fito”.
De momento, en Metástasis ya hay 14 sentenciados que aceptaron su culpa: entre ellos los jueces Emerson Curipallo y Ángel Lindao, que ayudaron a Norero; también figura Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán, quien fue juez de la Corte Nacional y presidente del Consejo de la Judicatura.
La última cereza del pastel fue un testimonio que salpicó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y ahora candidato presidencial, Iván Saquicela y al juez Felipe Córdova.
Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial y procesado en el caso Plaga, dijo que Saquicela y Córdova habían recibido dinero por fijar audiencias y habían viajado a recibir un doctorado honoris causa en México, con los gastos cubiertos por una empresa privada que tenía causas en la CNJ.
Los dos negaron los señalamientos y dijeron estar dispuestos a comparecer en la Fiscalía. Iván Saquicela añadió que es una persecución del correísmo ahora que es candidato, pues fue parte del tribunal que sentenció a Rafael Correa y otros en el caso Sobornos.
JUSTICIA MANIATADA
Aunque lo relatado anteriormente quedará en anécdota, en un país acostumbrado al escándalo, hay cosas de fondo que requieren atención y reformas. En el caso Pantalla, la Fiscalía ha encontrado elementos de cómo Wilman Terán y sus asesores manipularon el concurso para jueces de la CNJ que empezó en junio de 2023 y fue anulado tras la detención de Terán.
En ese entonces Terán, como presidente de la Judicatura, habría intercedido para subir los puntajes de algunos participantes, entre ellos, el de la jueza de Santo Domingo Anabel Torres, mencionada en el caso Metástasis como mediadora en una medida cautelar para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas.
También se evidencia la ayuda a Mercedes Villarreal, quien era directora de Control Disciplinario en la Judicatura del Guayas y ahora es procesada en el caso Purga.
Aunque estas personas todavía gozan de la inocencia, ya que aún no son sentenciadas o absueltas, pudieron llegar a ocupar la más alta magistratura en el país: la Corte donde se tratan los casos de mayor relevancia, como los procesos contra presidentes o recursos de casación.
Si eso pasa en la CNJ, todo puede pasar en las cortes provinciales o instancias menores. Ahora hay otro proceso de selección de jueces, aunque también ha sido cuestionado. Los resultados se sabrán en los próximos meses.