Poco a poco, y muy silenciosamente, los hermanos William y Roberto Isaías Dassum han ido recuperando parte de los bienesque, en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) les incautó. Los exdueños del Filanbanco han conseguido que costosas propiedades y al menos una parte de las empresas que perdieron vuelvan a sus manos, 16 años después de la incautación.
La restitución de sus bienes se está dando con muy bajo perfil desde 2022, cuando el juez Jhonny Lituma, de la Unidad de la Familia de Guayaquil, aceptó una acción de protección presentada por los hermanos Isaías. Este fallo fue ratificado en segunda instancia por la Corte Provincial del Guayas.
La sentencia dispone “la restitución a las víctimas, por parte del Estado, de todos los bienes, derechos, acciones y activos en general que fueron objeto del proceso de incautación ejecutado por el Estado”. Y toma como base un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que Ecuador violó los derechos de los exdueños del Filanbanco “a (tener) un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.
Específicamente, el Comité de la ONU cuestionó el Mandato 13, aprobado por la Asamblea Constituyente —bajo control del correísmo— un día después de la incautación. Este mandato ratificó la validez de la resolución de la AGD de incautar los bienes de los Isaías, declaró que esa decisión no es susceptible de acciones y dispuso que cualquier juez inadmita cualquier recurso legal, bajo pena de destitución.
Los bienes de los Isaías fueron incautados la madrugada del 8 de julio de 2008, tras una resolución de la AGD que argumentaba que el gobierno buscaba garantizar el pago a los acreedores del banco. Esta resolución estaba basada en un informe de auditoría de Deloitte & Touche, que determinaba que las pérdidas del Filanbanco superaban los USD 600 millones.
Entre ese día y la actualidad, las empresas y los bienes incautados pasaron por al menos 10 instituciones públicas, y de cuatro gobiernos. En julio de 2024, el presidente Daniel Noboa dictó las normas para que concluya la liquidación del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, con lo que finalmente se daría por concluido este capítulo.
El Filanbanco era el banco más grande del país. Pero en 1998, en medio de la crisis bancaria que atravesaba Ecuador, sus dueños lo entregaron al Estado por los problemas de liquidez que enfrentaba. Allí nació la AGD, que más adelante incautó los bienes de los Isaías. El banco terminó quebrado en 2001, en manos estatales después de su fusión con La Previsora, otro banco con manejos problemáticos.
Los hermanos Isaías fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de peculado en 2012 por la Corte Nacional de Justicia, que nunca cumplieron porque están radicados en Miami. Pero luego esa sentencia fue revisada en 2021, y un tribunal decidió restituir la inocencia de los exdueños del Filanbanco.
De mano en mano
Tras la incautación, los bienes y empresas del Grupo Isaías pasaron a ser propiedad de la AGD, y luego del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que no se logra liquidar a pesar de múltiples intentos. A continuación se resume cómo los bienes y empresas incautadas cambiaron de manos en, al menos, 10 ocasiones:
Las cuentas del fideicomiso
El presidente Daniel Noboa emitió en julio de 2024 un decreto que da la pauta para el cierre del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que manejó en su época los bienes y empresas incautadas a los Isaías. La liquidación se ordenó en 2018, pero hasta ahora no se ha concretado principalmente porque sus finanzas son muy opacas.
Fuentes consultadas por PRIMICIAS relataron que las cuentas del fideicomiso se llevaron bien unos dos años. Evidencia de esto es que, en 2009 y 2010, Deloitte auditó sus estados financieros y no hubo observaciones.
Pero en 2011 y 2012, no hubo auditorías, y en 2013, la auditora BDO se abstuvo de pronunciarse. Estos son los años en los que ya actuaba dentro del fideicomiso Pedro Delgado, el primo del presidente Correa, que era representante de la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep).
De ahí hasta 2019, las auditoras se abstuvieron de emitir opiniones sobre los estados financieros del fideicomiso. Es decir que se negaban a aseverar que lo que los estados financieros del fideicomiso decían era apegado a la realidad.
Fuentes consultadas por PRIMICIAS indicaron que nunca se contabilizó bien lo que tenía el fideicomiso, nunca hubo un buen control de las empresas y nunca se supo el valor exacto de los activos.
Una muestra de estos manejos oscuros es la pugna que inició en 2019 entre el Banco Central (BCE, que reemplazó a la Ugedep) y la Corporación Financiera Nacional (CFN, fiduciaria), cuando comenzaba la liquidación del fideicomiso.
En julio de ese año, la CFN presentó una rendición de cuentas que establecía que el patrimonio del fideicomiso era de USD 60 millones. Pero el BCE se negó a admitir este informe pues no aplicaba las normas internacionales de información financiera (NIIF).
Tras una mediación de la Superintendencia de Compañías, la CFN contrató a la auditora Moore y Asociados y estableció el patrimonio del fideicomiso en USD 20 millones, tras la aplicación de las normas NIIF.
La última auditoría se realizó en 2021, a los estados financieros del fideicomiso de 2019, por la firma UHY Assurance and Services, y su opinión fue nuevamente absentiva. Desde entonces, no hay nueva información sobre el fideicomiso; en la página de la Superintendencia de Compañías, en la sección de rendición de cuentas, constan informes viejos o que corresponden a otros fideicomisos.
En la actualidad, parece imposible encontrar un inventario de qué queda en manos del Estado, qué se vendió, qué quebró y qué volvió a manos de los Isaías.
Para esta nota, PRIMICIAS envió pedidos de información a tres instituciones públicas (Inmobiliar, CFN y la Unidad de Gestión y Regularización, UGR) y no logró obtener un listado completo del manejo de todo lo que fue incautado. Un exfuncionario del Banco Central, que prefirió la reserva de su nombre, explicó que nunca se llevó un buen archivo de todos los movimientos de los bienes incautados.
Del lado de los Isaías, tampoco hubo respuestas. Leonardo Stagg, uno de los abogados de los exdueños del Filanbanco, declinó el pedido de entrevista de este Medio sobre lo que ya ha sido restituido