En los últimos ocho años, la justicia ecuatoriana ha sentenciado a varios exfuncionarios corruptos. Además de las penas de cárcel para los condenados, el Estado ecuatoriano ha sido declarado víctima y los jueces han ordenado pagos a su favor.
La Procuraduría General del Estado (PGE) es la entidad que asume la representación del Estado en estos procesos. En total, esta entidad lleva 14 procesos de recuperación de activos por sentencias de corrupción.
En total, esos 14 casos suman una deuda de USD 154,8 millones a favor de Ecuador. Sin embargo, hasta el momento solo se han podido cobrar USD 10 millones. Es decir, solo se ha recuperado el 6,5% de la reparación por la corrupción.
El correísmo en pleno
Los 14 casos de corrupción, en los que la Procuraduría busca recuperar activos, sucedieron durante los 10 años del Gobierno de Rafael Correa e involucra -en su mayoría- a exfuncionarios de ese régimen.
El mayor deudor es Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fue ministro de Hidrocarburos de Correa. En la lista aparecen dos casos en los que ‘Capaya‘ ha sido sentenciado junto a otros exfuncionarios. Las reparaciones en su contra suman USD 54,1 millones.
Luego aparece Carlos Pólit, excontralor General del Estado, quien si bien nació políticamente de la mano de Lucio Gutiérrez, fue nombrado y afianzó su poder durante la década de la Revolución Ciudadana. Pólit, recientemente sentenciado en Estados Unidos, debe al Estado USD 40,4 millones.
Pero no solo exministros y otros funcionarios aparecen en la lista. La figura más importante de este listado es el expresidente Rafael Correa, quien fue sentenciado por recibir sobornos, y adeuda una reparación al Estado USD 778.224 por el caso Sobornos 2012-2016.
Esa misma cantidad y por el mismo caso la debe el exvicepresidente Jorge Glas. Pero, además, Glas debe USD 7 millones adicionales por el caso Odebrecht, donde fue sentenciado junto a su tío Ricardo Rivera.
El 14 de octubre de 2024, la Procuraduría empezó el camino para recuperar el 2,6% de los USD 33,4 millones que componen el total de la reparación del caso Odebrecht. Gustavo Massuh, uno de los ocho sentenciados, ofreció pagar USD 860.931 en cuatro cuotas, hasta septiembre de 2026.
Los USD 10 millones recuperados
El cobro de las reparaciones económicas para el Estado es un proceso largo, según la legislación ecuatoriana.
Una vez que un juez de primera instancia dispone una sentencia, que incluye el pago de una reparación, hay varios pasos que superar. Primero, los acusados pueden interponer recursos de apelación y casación.
Una vez que la sentencia penal está en firme y los sentenciados estén condenados a prisión, se inicia un nuevo proceso para el cobro de las reparaciones económicas.
En la mayoría de casos de corrupción estas deben ser cobradas vía judicial, ya que los sentenciados no pagan voluntariamente. Entonces empieza un proceso de ejecución penal, en el que la justicia ordena embargos y comisos para cobrar.
En ese proceso están los 14 casos actualmente y mediante esa vía se ha recuperado USD 10 millones. Por ejemplo, en el caso de María Sol Larrea, exasesora de Ramiro González en el IESS, la PGE ha logrado embargar el 50% de un departamento en Quito, un consultorio médico en Guayaquil y varios solares en El Empalme.
Asimismo, las autoridades lograron comisar el 50% de una casa en La Concordia, que pertenecía a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador
Sobre Glas, en cambio, en poder del Estado está un departamento ubicado cerca a la Playa de Tonsupa, en Esmeraldas. Mientras que a Correa se le incautó parte de un departamento que era la herencia de su padre para él y sus hermanos.