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Mecheros en la Amazonía amenazan derechos humanos, pese a fallo judicial que los prohíbe

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Amnistía Internacional encontró que el Ecuador no ha cumplido a cabalidad con la sentencia del “Caso Mecheros”, emitida en 2021 por la Corte de Justicia de Sucumbíos. La medida dispuso que los mecheros en las instalaciones petroleras deben eliminarse gradualmente, sobre todo cerca de los sitios poblados.

El informe “Arde la Amazonía, arde el futuro” revela cómo el Estado ecuatoriano incumple con su deber de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al permitir las operaciones de mecheros en la Amazonía. Esto continúa, aun cuando una sentencia judicial de 2021, promovida por nueve niñas y jóvenes activistas climáticas de comunidades de Sucumbíos y Orellana, con apoyo de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), dispuso la eliminación de esos mecheros.

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Dice Amnistía Internacional que al día de hoy “se sigue permitiendo esta perniciosa práctica de la industria de los combustibles fósiles”. Según un informe publicado hoy, esta actividad “está directamente vinculada al calentamiento global y a la emisión de super contaminantes como el metano, lo que pone en peligro el ejercicio y garantía de los derechos humanos en la actualidad y en el futuro”.

$!Los mecheros están cerca de sitios poblados.

La sentencia de 29 de julio del 2021 dispuso que los mecheros, operados por la empresa pública y empresas privadas, deben eliminarse gradualmente, siendo una prioridad el retiro de aquellos que se encuentran cerca de los sitios poblados.

El informe explica que “los testimonios recolectados, documentos analizados y la verificación de información en terreno revelan que el Estado ecuatoriano y sus instituciones con competencia en materia energética, hasta ahora, sólo han tomado medidas que benefician el mantenimiento de la producción petrolera a cualquier costo, evitando acciones concretas y ambiciosas para la eliminación de los mecheros, y crear condiciones para una transición energética rápida y justa”.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que «las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de actuar de manera contundente e inmediata para implementar de forma urgente la sentencia. Cumplir con ella es un acto de justicia climática, medioambiental y racial. El Estado ecuatoriano debe eliminar la quema rutinaria de gas en los mecheros que pone en peligro actualmente a la Amazonía, el mundo y el futuro de las niñeces que heredarán la tierra».

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