El caso Purga ha revelado la existencia de una red de corrupción que funcionaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y que funcionaba a todo nivel. Y esto comenzaba con el sistema de sorteo de causas dentro de esa institución.
Durante su testimonio anticipado en este caso, Mayra Salazar, la exasesora de la Presidencia de la Corte de Guayas, aseguró que ella y otra funcionaria lograron «descifrar» el orden de los sorteos para beneficiar al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes.
La causa era la demanda civil por uso de documento falso planteada por el Banco del Pacífico contra Muentes y su esposa, Mónica Alvarado. El banco alegaba que Muentes había presentado documentos falsificados para lograr, en otro proceso judicial, un pago de casi USD 4 millones.
Dicha demanda, presentada por el Banco del Pacífico, fue desechada en primera instancia. El banco apeló, y ahí es en donde Muentes requirió la ayuda de Mayra Salazar para arreglar el sorteo.
Pero eso no es todo. Además, con sus contactos, logró arreglar el tribunal para que le sea más favorable.
Los sorteos en la Corte
En su testimonio, Mayra Salazar contó que Pablo Muentes le pidió que la apelación presentada por el Banco del Pacífico recaiga en un tribunal específico, integrado por: Ulises Torres, Alfonso Ordeñana y Nelson Ponce.
Para asegurar esto, Salazar contó que trabajó junto a Susana Batalla, técnica de la ventanilla de la Corte Provincial del Guayas y quien está en la lista de nuevos vinculados del caso Purga. Dijo que pasaron más de 15 días anotando cómo se sorteaban los casos, y lograron descifrar el orden en el que estos eran asignados a los distintos tribunales.
En su versión libre y voluntaria, que consta en el expediente del caso Purga, Batalla aseguró que Mayra Salazar le pidió ayuda con el sorteo de esa causa, pero que «era imposible porque el sistema es automático e invulnerable».
Batalla contó que esta conversación fue en persona, después de que Mayra Salazar le pidiera que suba a su oficina. Y narró que Salazar le dijo que se sentía «presionada» porque ese caso era de«un amigo».
Según Batalla, tras varios días, el expediente llegó a la Corte y debía ser sorteado. Contó que ella «se percató» entonces que ninguno de los últimos sorteos había recaído en el cuarto tribunal, que era el que Mayra Salazar quería. Por lo tanto, sortearon y el caso recayó en el tribunal que Muentes deseaba.
Ese tribunal desechó la apelación del Banco del Pacífico y ratificó la sentencia favorable para Muentes.
Un tribunal a la medida
Aunque la apelación recayó en el tribunal que Muentes quería, las cosas no funcionaron tal como él planeaba. Mayra Salazar contó en su testimonio que el juez Ulises Torres se negó a participar.
Ahí es cuando dos funcionarias cercanas a Muentes se activaron: Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte Provincial (procesada en el caso Purga), y Mercedes Villarreal, entonces directora de la Judicatura en Guayas. Villarreal es una de las últimas vinculadas al caso, aunque ya no está en el país, pues salió rumbo a España el día de los primeros allanamientos.
Según la Fiscalía, Gallardo y Villarroel orquestaron un cambio de jueces. Sacaron a Ulises Torres de la Corte Provincial y lo enviaron a la sala de la Familia, y de esa sala movieron al juez Alberto Lino y lo pasaron a la sala Civil. Así, Lino reemplazó a Torres en la apelación del Banco del Pacífico.
El fiscal Wilson Toainga narró en la audiencia de vinculación de Villarroel que fue ella quien firmó los documentos para hacer la sustitución de los jueces. Para esto, actuó con otra funcionaria, Jackeline Domínguez, entonces coordinadora de Talento Humano.
Ulises Torres incluso presentó una acción de protección frente a esta decisión de cambiarlo de sala. Sin embargo, Lino se quedó en el tribunal del caso Muentes hasta su resolución favorable.
Poco después, Lino logró que su hijo, Bryan, ingrese a trabajar en la Judicatura de Guayas, por solicitud de Villarreal.