En redes sociales ha causado impacto la historia de Ana, una mujer ecuatoriana que se dedica al trabajo sexual para cancelar un crédito educativo de 44 mil dólares.
La cadena Ecuavisa relató que la joven de 27 años aplicó al examen gubernamental que había para entrar a una universidad pública, pero no alcanzó el puntaje necesario y tuvo que recurrir a un crédito educativo para estudiar Comercio Exterior.
Cada mes debía pagar 300 dólares. Sin embargo, con el pasar del tiempo la situación económica se complicó. El negocio de sus padres quebró en pandemia y el trabajo que había conseguido no le alcanzaba para cancelar las cuotas.
Ella narró que laboró en un restaurante donde le pagaban 200 dólares, un monto con el que no lograba sustentarse, así que decidió renunciar y dedicarse al trabajo sexual.
“No había otros trabajos y encontré este desde el 2021”, comentó Ana a la cadena Ecuavisa.
La mujer afirma que gana de 50 a 80 dólares al día. Todo lo reunido sirve para cubrir los gastos de su casa, su hijo de cuatro años y pagar el préstamo educativo.
“Todos pensarán que es fácil, pero no es nada fácil, porque tú conoces personas que a veces ni se asean y te toca”, comentó Ana.
Este es uno de los tantos casos de jóvenes que mantienen grandes deudas por los altos intereses de los créditos educativos. La carrera de Ana, por ejemplo, costó 22.500 dólares, pero debe pagar casi 44 mil dólares en cuotas de 300 al mes. Si no lo hace, corre el riesgo de caer en coactiva.
La joven logró terminar su carrera, pero a un costo muy alto y con una deuda que la persigue. Espera dejar el trabajo sexual en un año.
“Ya me queda poco tiempo aquí y lo que puedo decir es que si hay que buscar otras maneras de trabajo, pero como todos saben están bien complicadas las cosas”, comentó Ana.
Según datos de la Senescyt, hasta abril del 2024 hay unas 6.278 personas en coactiva por este tipo de créditos educativos. La institución también recuerda que está en vigencia la Ley de Apoyo Financiero, con la cual existen flexibilidades para pagar las deudas.
Entre los beneficios de esta normativa está la eliminación del 100% de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago.