La Corte Constitucional avaló este martes la prórroga de 30 días dispuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa al estado de excepción que decretó el 8 de enero pasado para poner fin a una espiral de violencia a escala nacional ligada a las bandas del crimen organizado, que en principio debía concluir a comienzos de marzo.
El máximo tribunal de garantías declaró la «constitucionalidad de la renovación del estado de excepción decretado en todo el territorio nacional», incluyendo el interior de las cárceles, «durante 30 días contados a partir del 9 de marzo de 2024».
Con ello, el estado de excepción regirá hasta principios de abril próximo con las medidas de restricción como lasuspensión de la libre movilidad, reunión y asociación, así como la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para operaciones de control interno en el país.
Además, la Corte reconoció la existencia de un «conflicto armado no internacional» que se lleva contra las bandas criminales, a las que se ha responsabilizado del estallido de violencia en las cárceles y calles.
Según la Corte, el conflicto armado interno es «una cuestión de hecho y que, por tanto, no depende del reconocimiento político» o jurídico por parte de ninguna autoridad pública.
El Constitucional recordó que «la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias», pero subrayó que, en caso de conflicto armado, éstas «pueden movilizarse e intervenir, de conformidad con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción».
Informe presidencial
En su dictamen, la Corte Constitucional dispuso que el presidente Noboa le remita un informe con los resultados de la aplicación de la medida «una vez concluido el periodo de vigencia del estado de excepción».
Recordó que «el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos«, por lo que subrayó que las acciones desarrolladas en ese marco por la Policía y las Fuerzas Armadas «deben respetar el ordenamiento jurídico aplicable, incluyendo los derechos humanos de toda la población».
El alto tribunal enfatizó que todos los servidores públicos «serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción».
Dispuso, además, que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, ejerza un seguimiento a las acciones realizadas en relación a la declaración del estado de excepción e informe a la Corte Constitucional una vez que este finalice.
Repunte de violencia
El pasado 7 de marzo, el presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo con el que prorrogó por 30 días el estado de excepción a escala nacional que ya estaba en vigor desde el 8 de enero, lo que hizo reducir las cifras de homicidios, si bien hubo un repunte en la última semana con el asesinato de una alcaldesa y las muertes de un policía y un militar en sendos enfrentamientos con criminales.
Desde el 9 de enero declaró además la existencia de un «conflicto armado interno», con lo que pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, y militarizó las cárceles, a las que consideró como «zonas de seguridad».
Durante los primeros sesenta días del estado de excepción, las fuerzas de seguridad del Estado informaron que habían abatido a una docena de presuntos delincuentes catalogados como «terroristas», mientras que tres policías habían fallecido en el cumplimiento de la ley.
Hasta el 8 de marzo, las fuerzas del orden habían detenido a más de 11.000 personas y se habían incautado más de 3.300 armas de fuego y una cifra superior a los 24.000 explosivos.
Las Fuerzas Armadas tomaron el control de las prisiones, que habían estado dominadas por bandas criminales, cuyas rivalidades han dejado más de 500 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
La violencia carcelaria también saltó a las calles el año pasado a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.