Un grupo compuesto por ocho organizaciones feministas y de derechos humanos presentó el martes 19 de marzo una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador con el objetivo de despenalizar el aborto en el país.
Actualmente, la legislación ecuatoriana permite el aborto únicamente en casos de violación o cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la madre, una restricción que estas organizaciones consideran contraria a los derechos fundamentales de las mujeres.
La demanda, liderada por el movimiento nacional ‘Justa Libertad’, tiene como objetivo principal impugnar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece penas de uno a tres años de cárcel para quienes practiquen el aborto, y de seis meses a dos años para las mujeres que consientan la intervención.
María Isabel Cordero, vocera de Justa Libertad, expresó su confianza en que la Corte Constitucional reconocerá que el aborto no debe ser considerado un delito y que ninguna mujer debería ser privada de su libertad por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Las organizaciones que integran Justa Libertad, entre las cuales se encuentran Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) de Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas, han unido sus esfuerzos para impulsar este cambio legal que consideran crucial para garantizar la autonomía y dignidad de las mujeres en Ecuador.
Esta no es la primera vez que la Corte Constitucional se enfrenta a una demanda relacionada con la despenalización del aborto. En 2021, tras una demanda similar, el órgano despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación al respecto.
Sin embargo, las modificaciones introducidas por el entonces presidente Guillermo Lasso limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que generó descontento entre las organizaciones demandantes.
Ana Vera, directora ejecutiva de Surkuna, destacó la importancia de que la Corte Constitucional esté a la altura del momento histórico actual y reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Vera enfatizó que el aborto no debe ser regulado por el código penal, sino que debe ser considerado como un servicio esencial de salud, garantizado para todas las personas.