La influencia que tenía el exasambleísta Pablo M. en la Corte Provincial del Guayas logró escalar hasta sus familiares. Prueba de ello, es que su primo Fausto Alfonso A. G. se apropió de un bien inmueble de forma irregular gracias a un recurso de habeas data, según reveló la Fiscalía.
Todo inició con un terreno de 12 hectáreas ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas, cuya ficha registral se encontraba adjudicada a un código catastral y cuyo último propietario registrado es la compañía Royal Tecnology.
No obstante, sin ninguna explicación, apareció una nueva ficha registral con el mismo código del predio mencionado. Este documento estaba a nombre de Fausto Alonso.
Posteriormente, una jueza dispuso eliminar la ficha catastral original y dar validez a la del procesado.
El primo del exasambleísta obtuvo una propiedad valorada en 200.000 dólares, pese a que su actividad laboral se centra en la venta de sánduches.
“Sus ganancias no le permitían adquirir un inmueble de estas características”, dice el informe de la Fiscalía.
Lea también: Caso Purga: así logró Pablo M. una sentencia para recibir casi cuatro millones de un banco
La legislación ecuatoriana establece que el habeas data sirve para proteger la información de una persona, pero no es posible usarlo para anular la propiedad sobre un bien si no existe un juicio civil de por medio.
Según reporta la cadena Ecuavisa, Fausto Alfonso A. G. también ha aplicado la misma modalidad para apropiarse de otro terreno valorado en 100 dólares.
Mientras que en la página de Superintendencia de Compañías, el sujeto está registrado como accionista de dos empresas y es administrador de otras dos compañías, una de ellas dedicada a la venta de sánduches.
Esto mientras en el SRI declaró su impuesto a la renta en 0 dólares desde 2012 al 2021, según señala Ecuavisa.
Pablo M., su primo Fausto Alfonso A. G., y otras 10 personas más son procesadas por presunta delincuencia organizada en el Caso Purga, una investigación que nació a raíz del Caso Metástasis, otra trama que involucra a funcionarios públicos con el narcotráfico.