La política ambiental se ha tomado la agenda legislativa tanto en Ecuador como en sus países vecinos. Tras una temporada de sequías prolongadas que afectaron los embalses de Mazar y Paute, el gobierno nacional enfrenta una presión social creciente respecto a las concesiones mineras en zonas de recarga hídrica. La Corte Constitucional de Ecuador se prepara para una audiencia histórica que podría definir el futuro de la minería a gran escala en el Chocó Andino, un ecosistema vital para la biodiversidad del continente.
A nivel regional, la situación es espejo de lo que ocurre en Colombia y Chile, donde los gobiernos de izquierda y centroderecha debaten si la explotación de minerales críticos para la transición energética (como el litio y el cobre) justifica el riesgo para las fuentes de agua dulce. Mientras los gremios empresariales argumentan que la minería legal es la única vía para financiar el déficit fiscal, las organizaciones indígenas y colectivos urbanos exigen consultas previas vinculantes. Este conflicto político promete ser el eje de las próximas campañas electorales, donde el «derecho a la naturaleza» se enfrentará cara a cara con la necesidad de divisas en economías latinoamericanas todavía dependientes de las materias primas