El Ecuador vive un momento de tensión política tras el anuncio de movilizaciones nacionales convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y más de 50 organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles. La protesta, prevista para el 13 de marzo de 2026 en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, busca rechazar el Acuerdo Ministerial que flexibiliza la jornada laboral.
La medida del Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, permite reorganizar las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias, lo que según los gremios abre la puerta al trabajo por horas y precariza las condiciones laborales. José Villavicencio, vicepresidente del FUT, aseguró que esta reforma “atenta contra los derechos conquistados por décadas de lucha sindical”.
Los sindicatos anunciaron además que presentarán una demanda de inconstitucionalidad y solicitarán medidas cautelares para frenar la aplicación del acuerdo. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la medida como una estrategia para dinamizar la economía y atraer inversión, argumentando que la flexibilidad laboral es necesaria para enfrentar la crisis económica.
La ciudadanía observa con expectativa el desenlace de estas movilizaciones, que podrían marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los trabajadores. El debate sobre la reforma laboral se ha convertido en uno de los temas más candentes de la agenda política nacional, con implicaciones directas en la estabilidad social y económica del país.