Para el presidente Daniel Noboa, su gabinete y su bancada en la Asamblea Nacional, la legalidad e institucionalidad no deberían interponerse en los planteamientos, constitucionales o no, que quieren someter a votación popular.
Especialmente después de su primer periodo, durante el que mantuvo su popularidad, ganó en nueve de 11 preguntas de consulta y referendo, consiguió una tenue mayoría en la nueva Asamblea Nacional y venció al correísmo por segunda vez consecutiva.
Para el Mandatario estas son evidencias de que la única voz que cuenta en Ecuador es la del “pueblo” en las urnas, en las que confía seguir venciendo. Es por eso que ha lanzado una retahíla de propuestas dispersas para someter a votación nacional.
Y, en su discurso, ha evidenciado que los filtros de la Corte Constitucional (CC) cada vez le estorban más en sus planes. Esto pese a que el trabajo de los jueces es el mismo que en su periodo anterior. La diferencia es que ahora el Ejecutivo lidera una campaña frontal para presionarlos.
En este nuevo momento político, el Mandatario se ha encargado de repetir constantemente la idea de que los magistrados constitucionales son los enemigos del pueblo y los responsables, lo mismo hacen sus ministros, legisladores y otros aliados que buscan convencer a la opinión pública.
El presidente Noboa afirma que la Corte está poniendo trabas para que la ciudadanía no pueda decidir sobre las propuestas gubernamentales, pese a que varias de ellas han sido negadas por no cumplir con los requisitos legales, como el de decidir con libertad. Es decir, las propuestas inducían al voto o carecían de información suficiente para tomar una decisión.
Y es por eso que su más reciente propuesta implica la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, que ha sido incluso aplaudida por el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué? Ambos miran en la Corte Constitucional un obstáculo a sus planes políticos.
Ya intentó someterlos al control politizado de la Asamblea Nacional, con una reforma constitucional negada, que pretendía que el Legislativo pueda destituirlos con los mismos votos que a cualquier ministro y no con la mayoría calificada de las máximas autoridades.
Después remitió dos preguntas más contra ellos. La primera para dificultar la tarea del máximo tribunal del país, pero solamente para los controles que tengan que ver con las competencias presidenciales. Y la segunda, para conseguir una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expedita, moldeada por ADN, para modificar los procedimientos que rigen a la Corte.
Pero, aunque no ha habido pronunciamiento, el Mandatario se cansó de esperar y, como quiere llevar a los ecuatorianos a las urnas hasta el 30 de noviembre (sin explicar por qué), decidió lanzar esta nueva propuesta: la asamblea constituyente.
Esa es, ahora, la única forma que encuentra el Gobierno para remover a los nueve jueces. El mensaje del presidente Noboa fue claro: el cambio no puede consolidarse mientras las reglas actuales lo impidan, con el objetivo de devolverle el poder al pueblo y «sacar al país del secuestro institucional».
La propuesta y sus respaldos
El Primer Mandatario ha venido anunciando su intención de llevar al país a una nueva constituyente desde el inicio. Lo hizo durante su primer periodo y también lo dijo durante su segunda campaña electoral. Dijo que «tiene muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas».
«Nosotros vamos a reformar la Constitución, vamos a refundar a un Ecuador que necesita cambio, que necesita justicia, que necesita oportunidades laborales y conexión con el resto del mundo», afirmaba el presidente Noboa. Y, además, explicaba que tenía que ser rápida, eficiente y redactada por «las personas más preparadas».
Su exministro de Gobierno, José de la Gasca, incluso contó las metodologías que estaban analizando. Por ejemplo, no querían incurrir en los costos y plazos usuales, pretendían convocar solamente a la consulta popular para autorizarla y al referendo para aprobar el texto final.
En ese escenario, el documento sería redactado por delegados constituyentes de los cinco poderes del Estado. Y dijo que considerarían la participación de representantes de la sociedad civil y de gremios.
De todo esto nada se ha dicho ahora. El objetivo de la nueva Constitución tampoco está del todo claro, más allá de la ofensiva contra los nueve jueces de la actual Corte Constitucional. Y el Ejecutivo ha guardado silencio ante los cuestionamientos sobre el contenido ausente de la propuesta.
Además, más allá de los miembros de su gabinete y de su partido, el Primer Mandatario solo ha recibido el ‘apoyo’ de Rafael Correa, quien lo retó a concretar el llamado a una constituyente, «pero sin trampas», y de algunos aliados externos que repiten sus argumentos.
Sin embargo, después de apenas cuatro meses de su nuevo periodo, son cada vez más los detractores y los que mantienen distancia que los simpatizantes por fuera de las líneas partidistas. Esto debido a que, al igual que en su primer mandato, el presidente Noboa ha preferido quedarse solo, con un ínfimo círculo de confianza.
Pese a las promesas de campaña y el discurso de dejar la vieja política atrás, el Ejecutivo ha quemado puentes con sus mismos funcionarios públicos, que ya han protestado por la Ley de Integridad Pública; y con las organizaciones sociales y de sociedad civil, por las leyes de Fundaciones, Solidaridad Nacional e Inteligencia.
E incluso se ha alejado de sus aliados naturales en los sectores económicos, como la banca privada, los atuneros, las mineras y algunas cámaras de comercio. Todo ha sucedido por la ausencia de diálogo y apertura con los distintos grupos de ecuatorianos.
Y es lo mismo que se repite ahora con la eliminación del subsidio del diésel, que encendió la primera chispa de unas manifestaciones y el anuncio de un nuevo paro indígena indefinido e inmediato, ante lo cual el Gobierno afirmó que no negociará y que los «terroristas» o quienes paralicen servicios serán encarcelados.