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Las creencias religiosas por encima de la salud pública

El 25 de agosto, la Asamblea aprobó el proyecto de Código Orgánico de Salud (COS), que fue remitido al Presidente el 27 de agosto para que proceda a su veto total o parcial o a su promulgación y publicación en el Registro Oficial dentro del plazo de treinta días. La votación fue de 79 votos a favor provenientes de la Revolución Ciudadana, el oficialismo y movimientos minoritarios, 48 abstenciones de CREO, PSC e independientes, y 8 votos en contra de los asambleístas más conservadores entre otros, de Viviana Bonilla, Héctor Yépez, Esteban Torres y Roberto Gómez.

El COS ha generado un intenso debate en redes sociales y en los sectores más conservadores de la sociedad, ya que dicen, entre otras cosas, que “legaliza el aborto”, “permite el cambio de sexo en menores de edad”, “promueve la ideología de género”, “fomenta el comercio del cuerpo humano mediante los vientres de alquiler”, etc. Para discernir si estas afirmaciones, compartidas por la Iglesia Católica e incluso por precandidatos presidenciales como Guillermo Lasso, tienen fundamento, es conveniente hacer un breve análisis de los artículos más controvertidos.

El artículo 22 número 3 del COS señala que los adolescentes tienen derecho a “acceder a asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva y a que se garantice la confidencialidad de las mismas”. Por alguna extraña razón, hay quienes interpretan que este articulo permite que los adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos sin el conocimiento ni aprobación de sus padres. De una lectura simple de este artículo, se puede inferir que lo único que se garantiza es el derecho para que los adolescentes tengan información y educación respecto a temas de salud sexual y reproductiva y que la información que faciliten los adolescentes sobre este asunto tenga el carácter de confidencial. En un país con la segunda tasa de embarazo adolescente más alta de la región, es urgente que los adolescentes tengan acceso a la información necesaria sobre salud sexual y reproductiva a fin de reducir, de forma progresiva, el embarazo adolescente que perpetúa situaciones de pobreza y exclusión.

Por su parte, el artículo 115 del COS establece que las autoridades rectoras en materia de educación, salud, deporte, igualdad de género e inclusión económica y social “elaborarán políticas y programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia, establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud reproductiva, a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables, la erradicación de toda forma de explotación sexual y discriminación, y el consumo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras que causen dependencia, asignando los recursos suficientes para ello”. En este caso, la interpretación que hacen quienes se oponen a este artículo es que se está fomentando la educación basada en la “ideología de género”, Si la “ideología de género” consiste en dar información y asesoría para prevenir embarazos, violencia, enfermedades de transmisión sexual, fomentar paternidad y maternidad responsables y erradicar la explotación sexual, discriminación, y el consumo de drogas, entonces bienvenida sea esa ideología en los programas y políticas públicas.

El último inciso del artículo 193 indica que se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, excepto en los casos en los que esté en riesgo inminente su salud o su vida. Quienes se oponen a este artículo señalan que se abre la puerta para que los menores de edad se puedan “cambiar de sexo”; La norma no permite los cambios de sexo en menores de edad, sino las asignaciones de sexo en personas que hayan nacido con una anomalía en los genitales, hormonal o en los cromosomas que supongan una indeterminación sexual, y que hayan entrado en la fase biológica de la pubertad, lo que deberá ser determinado por un profesional de la salud.

En lo relativo a métodos anticonceptivos, el artículo 195 del COS garantiza que quienes quieren acceder a ellos puedan hacerlo de forma gratuita en la red de salud pública, y se prohíbe a los profesionales de la salud pública negarse a prescribir, implantar, aplicar o realizar el procedimiento anticonceptivo elegido por los usuarios, a menos que existan razones médicas para ello. En cualquier Estado que se considere laico, las personas deben poder acceder a los métodos de planificación familiar que estimen convenientes y si esos métodos son la prescripción de anticonceptivos, es obligación del Estado proporcionarlos. Existen quejas respecto de que no se permite la objeción de conciencia del profesional de la salud, pero en este caso no cabe dicha objeción de conciencia, ya que únicamente se está facilitando el mecanismo anticonceptivo que el usuario ha solicitado, sin que el profesional tenga intervención alguna respecto de ello. La salud pública y la planificación familiar no puede estar supeditada a las creencias religiosas de sus profesionales.

Uno de los artículos más polémicos y que incluso suscita críticas en sectores de izquierda es lo que se conoce como “maternidad subrogada”, pero que los sectores críticos llaman “vientres de alquiler”. El artículo 196 del COS textualmente señala que “la maternidad subrogada estará permitida únicamente en los casos en los que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer (…). Se prohíbe realizar estos procedimientos en niñas y adolescentes, así como, las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación del vientre”. Las preocupaciones respecto de la maternidad subrogada son comprensibles, pero la solución no es prohibirla, sino expedir una regulación que asegure que se cumple el fin para el que ha sido aprobada y no se convierta en una oportunidad para el tráfico o trata de mujeres.

Otra de las críticas feroces es la que se hace al artículo 201, ya que sugieren que abre la puerta a la legalización del aborto cuando señala que “serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente”, prohibiendo a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a los profesionales de la salud “negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres”. Este artículo lo único que hace es obligar a los profesionales de la salud a atender a mujeres con un aborto en curso para preservar su salud y respetar la confidencialidad de la paciente. Se debe entender, entonces, que quienes se oponen a este artículo pretenden que los hospitales públicos no atiendan a una mujer con un aborto en curso sino que la denuncien de inmediato ante las autoridades. Lo único que esto acarrearía es que las mujeres no asistirían a los hospitales en caso de un aborto con el consiguiente riesgo para su vida.

En cualquier país medianamente civilizado, las disposiciones anteriores no serían objeto de discusión ni polémica –salvo tal vez la de la maternidad subrogada–, pero en Ecuador siguen existiendo organismos, movimientos políticos, y personas que prefieren anteponer sus valores y creencias religiosas a la salud pública de todos los ecuatorianos y, principalmente, de las mujeres y grupos vulnerables.

Ricardo Flores es un abogado guayaquileño

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