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Expediente El Rodeo: Jueces al banquillo por rebajas y extorsiones

Esta investigación es una colaboración investigativa entre Revista Vistazo, Connectas, Código Vidrio y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Una red que extorsionaba presos para liberarlos fue desmantelada en 2019; cuatro jueces de Manabí fueron investigados por este entramado. Las evidencias inculpaban a dos de ellos, pero solo uno fue sentenciado a seis años de prisión con cuatro implicados más; todos están libres. El otro juzgador fue exculpado porque el fiscal no lo acusó, en medio de duros cuestionamientos a su decisión.

Omar Orellana aún era juez de garantías penitenciarias cuando se descubrió que también integraba una red que extorsionaba a reclusos en las cárceles El Rodeo Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. Otros tres jueces fueron investigados por posibles vínculos con esta organización: Banny Molina, Jhandry Sabando y Javier López.

Esta trama, que se conoce como el caso “El Rodeo”, quedó al descubierto a mediados de 2019, por una delación: la pareja de un preso llamado Carlos Mejía, alias Nariz Virada, denunció al grupo de extorsionadores ante la policía porque no cumplieron sus ofertas de excarcelarlo, ya que los jueces estaban despachando otras solicitudes pactadas previamente. Ella había pagado por adelantado 500 dólares al agente penitenciario Eker García y al abogado Marcos Acosta, que acordaba con los juzgadores las liberaciones.

El esquema delictivo se comprobó con escuchas telefónicas y mensajes de texto entre los integrantes de la red, así como por decenas de versiones de los implicados y reportes penitenciarios. El caso fue impulsado por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ), que intervino como acusador particular.

Según la investigación fiscal, entre 2015 y 2019 esta red facilitó la excarcelación de unos 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Los reclusos obtuvieron privilegios que les permitieron salir en libertad, a pesar de no cumplir con todos los requisitos legales. En otros casos eran obligados a pagar las coimas, pese a que sí reunían las condiciones para su liberación.

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