Dos años después, solo tres de los 20 sentenciados en el caso Sobornos han reparado económicamente al Estado. Al resto se le busca bienes para embargarle. La mayoría tiene poco o nada… Carros viejos, terrenos baldíos y mitades o tercios de casas y departamentos están en la mira.
Dos parqueaderos en un céntrico edificio de Guayaquil van a ser incautados al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, uno de los sentenciados del caso Sobornos. Pero hay al menos dos problemas: el primero es que el edificio se ha depreciado porque algunos de los principales inquilinos migraron a Samborondón o a Puerto Santa Ana con sus oficinas. El segundo es que ni siquiera el parqueadero es totalmente propiedad del sentenciado, sino que está a nombre de un estudio jurídico que allí funcionó hasta 2018 y del cual Mera era uno de los socios. Según el sitio web, ahora también inactivo, la lista de miembros de ese bufete era de 17. Dividiendo dos parqueaderos para 17 con suerte los ecuatorianos recuperaremos una parte equivalente al espacio que ocuparían dos baldosas.
Este es solo un ejemplo de lo complejo que será para la novel Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado cumplir con la labor para la que fue creada. Igualmente es un ejemplo de lo frustrante que será, al final del día, saber que el grueso de los dineros de la corrupción nunca volverá a las arcas estatales.
LA EXPECTATIVA
En el caso “Sobornos 2012- 2016”, el monto por reparación que deben pagar los sentenciados es de 14,7 millones de dólares. A cada uno de los autores directos y coautores les toca devolver 778 mil dólares, mientras que para una de las procesadas que fue catalogada como cómplice, Laura Terán, la sanción fue de 368 mil dólares.
La Procuraduría General del Estado, dirigida por Íñigo Salvador, creó una dependencia especial dedicada a perseguir activos de los setenciados por corrupción.
“En el país, la lucha contra la corrupción es una tarea esencial. Por eso se creó la Unidad de Recuperación de Activos… La Procuraduría, en el ejercicio de la representación judicial del Estado, no cesará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo el interés público y patrimonio estatal”, dijo Salvador en una de sus rendiciones de cuentas.
Si bien el caso “Sobornos 2012-2016” es el más famoso, hasta el momento van 10 juicios con sentencias en firme donde se han dictado medidas de reparación económica que suman 107 millones de dólares. El monto mayor corresponde al juicio de cohecho seguido a exfuncionarios de Petroecuador. Son 50 millones de dólares que deberían resarcir Carlos Pareja Yannuzzelli y otros.
El proceso de recuperación empieza cuando se da inicio a la ejecución de las sentencias y a pedido del juez o jueces encargados. Dentro de la Procuraduría se ejecuta un trabajo de investigación para detectar cualquier bien, dentro o fuera el país, que sea susceptible de embargo. El primer objetivo es el dinero en efectivo existente en las cuentas bancarias a nombre de los sentenciados. Aquí recibieron el primer portazo: Todas estaban en cero.
Luego se pidió a los registradores de la Propiedad que informen la existencia de bienes muebles o inmuebles en sus jurisdicciones. Los reportes de Quito, Guayaquil y Atacames, este último en Esmeraldas, fueron potencialmente aprovechables.
Una vez hecho el listado, la Procuraduría pidió a los jueces que ordenen la ejecución del embargo. En esta fase, lo descubierto pasa a control de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). En la mayoría de los casos, Inmobiliar se ha convertido en copropietaria de casas, terrenos y departamentos debido a que son propiedades compartidas en sociedades conyugales o procesos de herencia.
Posteriormente, vendrá el nombramiento de peritos que valorarán los activos. Esta fase está a cargo del Tribunal de ejecución de la condena, que por lo general y por tratarse de exaltos funcionarios públicos, es una sala de la Corte Nacional de Justicia. Determinado el precio, deberían salir a la venta o remate a ver si hay interesados. Pero, ¿quién va a comprar la mitad de un palco en el estadio Capwell? No lo sabemos. Si alguien se anima, tendrá que compartirlo con la familia del hoy prófugo Walter Solís, exministro de Transporte del gobierno de Rafael Correa.
